El Tribunal Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y contra el exministro de Defensa, Yoav Gallant, al haber encontrado «motivos razonables» para responsabilizarlos de presuntos crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza desde octubre del 2023 (tras el ataque de Hamás) hasta ahora. La noticia ha sorprendido a un Netanyahu que estaba de enhorabuena tras la victoria de Donald Trump, lo que suponía un respaldo incuestionable a los proyectos judíos de anexionar los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania, y quizá un espacio en el sur del Líbano.
Netanyahu había ido sorteando las presiones para la contención que recibía por parte del presidente estadounidense Joe Biden, pero ahora, con Trump asumiendo el cargo de presidente el próximo enero, obtendrá aún mayores respaldos para poder terminar la guerra tal y como pretende, con una gran victoria. La realidad es que, con el pretexto de los ataques de Hamás, Netanyahu ha seguido atacando a la población civil de Gaza (44.000 muertos) y sin que la guerra haya terminado. En un proceso similar empieza a encontrarse el sur del Líbano, con demoliciones urbanas y desplazamientos de población.
Todo ello va conformando las proporciones de un genocidio que parece estar configurado por un Israel irreconocible para quienes lo fundaron en 1948. Nada que ver hoy con los Acuerdos de Oslo de 1993 entre el Gobierno de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), diseñados para alcanzar una solución permanente en el conflicto palestino-israelí. Porque la esperanza depositada en ese acuerdo se ha desencaminado, con Israel «perdiendo apoyo internacional», como bien dijo en su día el presidente estadounidense Joe Biden. Pero este es el nuevo Israel que sueña Netanyahu.