En la administración de justicia había una organización al frente de la cual se encontraba el escribano, que entre sus funciones tenía la gestión —incluido el cobro y el pago— de dicha administración. La administración de justicia, la figura del escribano y su gestión evolucionaron. Sin embargo, apenas hace cuarenta años, la justicia, los jueces, el poder judicial y su administración presentaban unos deformes claroscuros que eran objeto de la atención periodística.
Bonifacio de la Cuadra, periodista y abogado y uno de los grandes reporteros de este país, publicaba en otoño de 1984 una serie de reportajes que al releerlos estremecen. Bajo el título genérico de «La economía sumergida de las oficinas judiciales», publicó un reportaje en El País titulado «El ‘dinero negro' de la justicia». Leerlos, cuarenta años después, nos sitúa en una realidad oscura. Si entonces la cuestión era «la astilla», hoy existen otros hechos que condicionan el intrincado mundo de la justicia, con unos jueces obligados a no militar en ningún partido, con libre camino de ida y vuelta entre la política y su desempeño profesional, que tiñe sus actuaciones en el poder judicial. Un mundo de conservadores y progresistas (sic), las dos Españas.
Descubierto el poder de los juzgados en el devenir político, y practicada su utilización con insistencia en favor propio o para desgastar al contrario y lograr el poder, asistimos a un desfile de denuncias y acciones populares para enredar en la política e incluso en la neutralidad y calidad de las instituciones. Añádase a ello el recurrente juego con el poder judicial y el poder de los jueces y se entenderá el penúltimo entorpecimiento por cinco años en la renovación de su Consejo, o la puesta en cuestión de la neutralidad institucional, incluida la del Tribunal Constitucional, la Fiscalía General y otros órganos jurisdiccionales, si tal conviene.
Pero, para que tales actuaciones tengan efecto en el devenir político, resulta imprescindible que autos, declaraciones o testificales —aún bajo secreto del sumario— se conviertan en públicas, la información. Conformando así opinión.
Son las filtraciones, donde se mezcla la libertad de información con los intereses que las promueven. El ABC publicó en el 2015 un reportaje donde se daba cuenta de cómo se regulaban en Europa (Alemania, Italia, Reino Unido, Portugal o Francia) las filtraciones de sumarios. Lo extraordinario en el caso de España es que esta regulación de las filtraciones, y su esclarecimiento y penalización, sufren de desigualdad. De lo que es fácil deducir que ahora las filtraciones ocupen espacios que se pretendió erradicar de la administración de justicia. Por más que en tales desigualdades, y vendrán otras, sea encausado el fiscal general del Estado como agente filtrador, en una acelerada y turbulenta causa donde las filtraciones de origen quizá persigan una degradación de la democracia. O que se logre transformarlas en un arma cargada de futuro. Como la poesía, que nos decía Gabriel Celaya.