La industria eólica gallega no puede permitirse repotenciar sus parques a los 25 años
OPINIÓN
Asistimos a una vuelta de tuerca polémica más en el maltrecho sector eólico gallego. La propuesta de la Xunta de Galicia de obligar a repotenciar los parques eólicos cuando cumplan 25 años —una medida sobre la que ya ha manifestado su más rotunda oposición todo el sector— genera una gran preocupación dentro y fuera de la comunidad autónoma. Esta parte del supuesto de que a esa edad los parques agotan su vida útil, con lo que correspondería desmantelarlos y sustituir sus turbinas por otras de mayor tamaño y potencia, con lo que presuntamente se reduciría el impacto en el territorio.
Sin embargo, «vida útil» no es un concepto unívoco ni inmutable. Los fabricantes certifican un período mínimo de funcionamiento, siempre que se realice un mantenimiento básico adecuado. No obstante, la vida útil real de los parques eólicos, también en Galicia, depende de factores como las mejoras tecnológicas y su cuidado. Por ello, la mayoría de los promotores, en colaboración con los fabricantes, realizan un minucioso y costoso mantenimiento. Esto permite aumentar la longevidad de los equipos, pudiendo llegar más allá de los 35 años y alcanzando unos niveles de generación incluso superiores a los de sus primeros años de funcionamiento, porque poco a poco, y con el tiempo, la tecnología se adapta a la orografía y a las condiciones del viento en cada zona. Eso sí, siempre preservando los máximos estándares de seguridad, premisa indiscutible para un sector que contribuye al PIB de Galicia en unos 923 millones de euros y genera 5.494 empleos, de acuerdo con el estudio macroeconómico realizado por Deloitte el año pasado.
Otro aspecto clave de este debate es el período de amortización de los aerogeneradores, fijado normalmente en 30 años. Esta cifra indica el período mínimo durante el que producirán energía, elemento o factor determinante en la financiación de cada proyecto, dado que el gasto contable anual por amortización debe ir asociado a la generación de ingresos con normalidad por el bien amortizado y es una cifra respaldada por el auditor externo, quien responde en primera persona, incluso con su propio patrimonio, del rigor de sus estimaciones. También hay que tener presente que hay promotores que tienen contratos de venta de energía firmados previamente a esta norma y que sobrepasarían el plazo de los 25 años. ¿A qué se está abocando al sector, al incumplimiento de contratos?
Por todo ello, puestos a buscar una «vida útil objetiva» de los aerogeneradores en Galicia, estaría siempre muy por encima de los 30 años. Sin embargo, la propuesta de la Xunta solo permite llegar a estos años en supuestos extraordinariamente restrictivos, que en la práctica son inviables y nos devuelven al desmantelamiento en 25 años, en los que se encuentran varios parques ahora. Limitar la vida útil a 25 años consagraría una cifra carente de cualquier fundamento, desdeñando las referencias sólidas de las que dispone el sector, con grave daño a la calidad legal de la norma a aprobar y con una segura litigiosidad futura en torno a ella. Supondría, asimismo, un precedente intervencionista que retraerá la inversión en energías renovables en Galicia. Porque, una vez que se acepte que la Administración autonómica puede decidir arbitrariamente cuándo el inversor debe retirar sus turbinas, ¿quién asegura que la cifra futura no será 20 o 15 años, en función de criterios poco transparentes y carentes de fundamento técnico alguno? Son demasiadas las trabas. No hay inversor privado capaz de asumir ese riesgo en una variable tan crucial para el buen fin de la inversión.
Estamos ante una nueva afrenta a un sector que en Galicia lleva años lastrado por decisiones de diferente índole —administrativas, políticas y jurídicas—, lo que no deja de ser llamativo en un momento en el que el impulso a las renovables debería ser decisivo para el desarrollo económico e industrial de la comunidad. Es mucho lo que hay en juego: el futuro de la transición energética en Galicia, con sus múltiples derivadas de empleo y desarrollo industrial. El sector eólico gallego, sencillamente, no puede permitirse funcionar bajo estos parámetros.