Tiene razón el Gobierno en que las leyes, no solo la que afecta al derecho de rectificación, deben adaptarse a los nuevos medios de transmisión de información surgidos tras la revolución digital, que ponen prácticamente al alcance de cualquiera la posibilidad de difundir noticias. Falsas o veraces. Pero ese afán purificador del Gobierno por actuar contra lo que se consideran bulos o fake news tendría más credibilidad si no llegara en un momento en el que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denuncia que está siendo víctima de una persecución por parte de los partidos de la oposición, los jueces y también los medios que define como tabloides digitales o «pseudomedios».
El anuncio de la reforma de la ley de del derecho de rectificación llega después de que el Gobierno aprobara un plan antibulos que implica la creación de una comisión ministerial para controlar a los medios de comunicación que publican noticias falsas. Un proyecto en el que algunos ven más una intención de censura y control de la prensa que un derecho a la rectificación o una ley contra la publicación de bulos.
El problema es siempre el mismo. ¿Quién decide que una determinada noticia o un mensaje en redes sociales es un bulo contra el que se pueda actuar? Si nos encontramos con que no es un juez, sino un organismo dependiente del Gobierno el encargado de decidir qué es un bulo, tenemos que el Ejecutivo se puede convertir en juez y parte a la hora de exigir derecho a la rectificación o denunciar a quien publique noticias que le comprometan.
El Gobierno ya amenazó con dejar sin inversión publicitaria institucional a aquellos medios que desde el Ejecutivo se considere que están difundiendo falsedades. Hay que recordar que Pedro Sánchez se tomó lo que llamó un proceso de reflexión durante cinco días para decidir si dimitía de su cargo ante lo que consideró un acoso y derribo contra él y su entorno familiar por parte de determinados medios. Tras aquel retiro, motivado por la publicación de informaciones que implican a su esposa, Begoña Gómez y a su hermano, David Sánchez, anunció que se quedaba y avanzó que se tomarían medidas para luchar contra lo que denominó «la máquina del fango», en la que el Ejecutivo implica a medios de comunicación y a jueces supuestamente afines a la derecha. Y también, desde ayer, a usuarios de especial relevancia en las redes sociales.