Cómo mueren las democracias, versión española
OPINIÓN
Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en su ensayo Cómo mueren las democracias (2018), señalaron que pueden existir representantes políticos electos que empleen estrategias para socavar las instituciones democráticas, y que estos líderes pueden surgir en cualquier sociedad, incluso en las democracias más consolidadas.
Y esa estrategia es la que se está desplegando en España desde hace unos años para socavar la democracia. Se busca debilitar una de las principales instituciones que controla el abuso de poder, destruyendo la confianza ciudadana en la independencia e imparcialidad de los tribunales. Esto incluye difamar a los jueces, trasladando una imagen distorsionada de la realidad judicial, influir en sus nombramientos o modificar las leyes que protegen su independencia. De este modo, buscan controlar un poder fundamental del Estado para reducir el control sobre sus propias acciones, lo que facilita la concentración del poder y la erosión democrática.
Todos los gobiernos, con independencia del partido político, han atacado a los jueces cuando se han visto salpicados por investigaciones judiciales. Sin embargo, hace tiempo que atravesamos el Rubicón del sentido de Estado, adentrándonos en un perverso proceso deslegitimador del poder judicial. Asistimos a un desmontaje calculado, que persigue convencer a la ciudadanía que las personas encargadas de garantizar sus derechos y libertades integran una especie de casta franquista que busca derribar al Gobierno.
Los datos objetivos desvirtúan esta campaña perversa, cargada de prejuicios. Los jueces en España no son una élite, sino hijos de la clase media que han sacado las duras oposiciones a base de esfuerzo personal y sacrificio familiar. La media de edad de la carrera judicial es de 52,3 años; eran bebés cuando murió Franco. Las mujeres representan el 57,2% de la carrera judicial. Desde 1996, solo un 5,94 % de los alumnos que han pasado por la Escuela Judicial tienen algún familiar juez. Y en la última promoción de jueces, casi un 40 % de los padres de alumnos no tenía estudios superiores.
Nuestra obligación es denunciar ante la sociedad los riesgos de esta deriva deslegitimadora. No en vano, el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, en su Dictamen número 25 (2022), sobre la libertad de expresión de los jueces, indicó que «en situaciones en las que la democracia, la separación de poderes o el Estado de Derecho se ven amenazados, los jueces deben ser resistentes y tienen el deber de pronunciarse en defensa de la independencia judicial, el orden constitucional y la restauración de la democracia».
Sin jueces independientes, los derechos y libertades de la sociedad están amenazados. Las garantías de independencia e imparcialidad de los jueces no son un privilegio profesional, sino un derecho de la propia ciudadanía. Este proceso de desmontaje del poder judicial no es novedoso ni exclusivamente español. Integramos un complejo puzle populista que quiere instalar la idea de que en una democracia la «voluntad popular» no tiene contrapesos ni límites.
Cuando los jueces son un estorbo, la democracia comienza a serlo.