Desde un tiempo a esta parte es ya costumbre que la patronal gallega y la Xunta de Galicia expresen públicamente su preocupación por los elevados niveles de absentismo que se vienen dando en el territorio autonómico, preocupación que no es exclusivamente suya. En CC.OO. también nos preocupa y mucho.
Pero a la hora de buscar las causas y posibles soluciones es donde existen insalvables discrepancias. La patronal y la Xunta apuntan —y culpan directamente— a la mala atención de la sanidad, sembrando la duda y poniendo en cuestión la profesionalidad de nuestros médicos; y culpan también a los trabajadores al argumentar sin ningún tipo de reparo que el 40 % de los procesos de incapacidad temporal son un fraude, dando a entender que el trabajador finge una dolencia y engaña a su médico de referencia.
Todo parece orquestado. Por un lado, se va desmantelando poco a poco y se desacredita constantemente a la sanidad pública y, por otro lado, se pone en valor la gestión de las mutuas y la sanidad privada en general, pues estas últimas son unas herramienta al servicio de la patronal con el objetivo de ejercer control y presión sobre el trabajador para que su tiempo de convalecencia sea mínimo, importando poco si este se ha recuperado.
Los datos de siniestralidad de los últimos años ya nos sitúan y nos dan las pistas suficientes para saber dónde está el verdadero problema causante en la mayoría de los casos del elevado absentismo. En lo que va de año, llevamos 45 accidentes mortales en Galicia, un 14 % más que en el 2023, y 307 accidentes graves, un 15 % más que en el 2023.
Que no traten de engañarnos. El principal problema comienza en la empresa, donde los altos ritmos de trabajo, la sobrecarga de tareas, la falta de reconocimiento por su trabajo, la presión a la que se somete al trabajador, la inestabilidad en el empleo, la falta de formación en prevención de riesgos laborales, la falta de equipos de protección individual y la precariedad en general, son causantes de enfermedades, que, en la gran mayoría de los casos, no se reconocen como profesionales y se acaban derivando a la sanidad pública, provocando su saturación. Esto sí que es un verdadero fraude a nuestra sanidad pública.
Desde CC.OO. tenemos claro que para resolver este problema tienen que producirse cambios normativos importantes en lo que respecta a la ley prevención de riesgos laborales, así como también debe reforzarse el servicio de inspección de trabajo dotándolo de más medios económicos y recursos humanos, para que esas empresas que no cumplen con la normativa sean sancionadas de forma ejemplar y les resulte más ventajoso invertir en prevención antes que hacer frente a las sanciones económicas por diferentes incumplimientos.