El inicio del año resulta un momento adecuado para realizar un balance del ejercicio anterior, así como para fijar los objetivos a alcanzar a lo largo de los próximos doce meses. En Galicia y en materia de infraestructuras, la realización de la referida reflexión no deja de aportar una gran dosis de frustración y decepción al corroborar cómo, año tras año, los objetivos se repiten sin que constatemos avances sustanciales: el traspaso de la autopista del Atlántico, como paso previo a la imprescindible eliminación del peaje; la terminación de la eterna autovía Santiago? Lugo; la programación y ejecución del resto de autovías interiores y costeras todavía pendientes; la terminación de la conexión por alta velocidad, así como la migración de la red interior al ancho internacional; el impulso del corredor atlántico ferroviario de mercancías; la conexión por alta velocidad con Portugal, incluyendo la imprescindible salida sur de Vigo; la puesta en marcha de unas conexiones de cercanías que respondan a las necesidades ciudadanas; la coordinación de nuestros tres aeropuertos para optimizar y ampliar las conexiones directas; el desarrollo de las áreas de transporte metropolitano mejorando la coordinación entre los diferentes modos de transporte; el impulso de una política coordinada en materia de vivienda que resuelva la actual situación de emergencia; el impulso de las nuevas infraestructuras digitales y energéticas que posibiliten a nuestro tejido empresarial competir en igualdad de condiciones con el resto del territorio nacional… Sin duda, muchos son los objetivos e innumerables los reiterados incumplimientos.
Para evitar repetir, al inicio del próximo 2026, la misma sensación de frustración que, sin duda, tenemos en estos momentos, resulta útil reflexionar sobre la forma de abordar los diferentes retos por parte de aquellas Administraciones responsables directas del impulso de las diferentes actuaciones, así como analizar, también, las actuaciones del resto de Administraciones que, sin tener competencias directas, ostentan otros niveles de representación: frente a una actitud colaborativa, constructiva y de cooperación por parte de las instituciones involucradas, en los últimos años hemos asistido, en el ámbito de las infraestructuras, a la generalización de la cultura de la bronca permanente, instalada desde hace años en el día a día de la política española.
Las administraciones se han dejado arrastrar por la senda del argumentario político, en el que el rédito cortoplacista de buscar al culpable se prioriza por encima de la búsqueda del interés común. En definitiva, se dedica más esfuerzo a asegurarse que la opinión pública identifique a los culpables del incumplimiento, o del retraso (siempre que no «seamos nosotros»), frente a dedicar los esfuerzos conjuntos a alcanzar el ansiado objetivo. Incluso llegándose a la perversión de considerar más rentable políticamente identificar y culpabilizar del retraso a una determinada administración, frente al riesgo de que un posible cumplimiento de un determinado compromiso pueda tener una rentabilidad política para nuestro adversario. En definitiva, se prioriza el relato partidista frente al acuerdo entre instituciones y el necesario consenso.
La fiscalización, las exigencias y las denuncias son, sin lugar a dudas, útiles y, en muchas ocasiones, imprescindibles para garantizar los avances, pero no debemos olvidar que los mayores progresos en materia de infraestructuras en Galicia se produjeron al amparo de acuerdos de cooperación, más allá de ideologías y de coyunturas políticas. Baste recordar el acuerdo para la construcción de las autovías de conexión con la Meseta, en los años 90 del siglo pasado, firmado por los gobiernos de los presidentes Fraga y González; o, en 2009, el pacto do Obradoiro para la llegada de la alta velocidad, entre los Gobiernos de los presidentes Feijoo y Zapatero.
Frente a la instalación de la cultura de la confrontación y búsqueda de culpables, asumida por la totalidad de los actores del arco parlamentario, sirva esta reflexión de inicio de año para demandar de todos los actores políticos, así como de la sociedad civil organizada de Galicia (sindicatos, empresarios, universidades, representantes de la instituciones académicas, colegios profesionales, etcétera) una llamada al consenso amplio en materia de infraestructuras para evitar que, una vez más, Galicia siga perdiendo el tren de la modernidad.