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Sin olvidar los mares y el litoral deseado, siempre presentes, la economía gallega se desorienta en un circo de tres pistas. Pistas en las que destacan el sector eólico y energético, el minero y, sobre todo, el forestal en estos inicios del 2025.
En una de las pistas la minería. Desde Touro y el cobre, blindado administrativamente, hasta Viana do Bolo con la vieja mina de A Penouta, ahora en explotación de coltán, paralizada judicialmente. Súmese la autorización retirada a la extracción de wólfram en san Finx por el brutal impacto ambiental de su agua embalsada en la ría de Noia. A la espera aún de resolver la solicitud en Doade-Beariz, con la aquiescencia de las comunidades de montes, para la minería de litio o el concurso convocado sobre los derechos mineros caducados en Vimianzo, Muxía, Dumbría y Camariñas. Añadan la expulsión del Consello da Minería de Galicia (2008) de organizaciones ecologistas, comunidades de montes y ayuntamientos, en la ley —¿ómnibus?— de acompañamiento presupuestario (2025) del Gobierno Rueda. Y, al parecer, una evaluación activa de los proyectos mineros por parte de Recursos de Galicia, empresa público-privada.
En otra, la industria eólica o energética. Con el nuevo plan eólico a tres años vista, más de 60 parques eólicos paralizados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la aprobación reciente de otros 21 de acuerdo a las informaciones de Beatriz Couce en La Voz, desestimándose otros 23. Por más que los aprobados mantengan la incertidumbre sobre su instalación, a la espera de la resolución de la justicia europea sobre si los informes sectoriales tienen que ponerse a disposición pública antes de la autorización de los proyectos, y no después.
Y, por último, la moratoria del eucalipto, el proyecto Altri-Greenalia y sus sorprendentes compras mutuas, con una fuerte oposición política y social a un proyecto extrañamente contado. En un entorno donde aumenta el encono contra él y el de la propia industria forestal, la maderera y las celulosas. Encono que ha alcanzado a esa administración, migrante a la fuerza en el Gobierno Rueda, la Axencia Forestal Xera, con la dimisión de su director. Lo que evidencia el enrarecido mundo industrial donde se desarrolla no solo el conflicto Altri-Greenalia, sino también el futuro de Ence Pontevedra, la industria maderera y sus transformados, incluida la explotación forestal, con sus innumerables propietarios, comuneros de montes incluidos.
En las tres pistas existen singularidades e intereses, pero en su interacción o dependencia de la Xunta, al igual que en los recursos y sentencias, siempre hay elementos comunes: la estrategia política a desarrollar, los intereses económicos y sociales y sobre todo la evaluación ambiental y sus informes. También quienes los emiten, antes, durante y después de ser emitidos. Incluida la triple cuestión prejudicial planteada por el TSXG ante el Tribunal Europeo de Justicia. Tres pistas complejas e imprescindibles.