El PSOE, un partido que forma parte de un Gobierno de coalición, y Junts, un partido que no gobierna, firman un acuerdo para gestionar la inmigración en Cataluña, una región que hasta ahora era casi ingobernable y que sigue recibiendo un alto porcentaje de los inmigrantes que aspiran a quedarse en España, aunque esos firmantes independentistas no la consideren parte de ella, sino otra nación.
Sin entrar en si es o no constitucional la delegación de competencias en inmigración del Gobierno a la Generalitat, ni en si el acuerdo partidario es un paripé o un acto de calado político entre interesados en las imágenes de estabilidad o entre necesitados de la aprobación de presupuestos, parece que el acuerdo va más de ventanillas que de fronteras. Si la proposición de ley supera la vía parlamentaria, la administración catalana instruirá expedientes, formalizará contratos de trabajo, expedirá documentos de identidad y residencia a los inmigrantes, mientras los Mossos d’Esquadra controlarán puertos, aeropuertos y centros de internamiento de extranjeros, colaborando u obviando a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.
La migración es un fenómeno global. Si los seudoprogres hubiesen consultado a un neomarxista, les habría avisado del carácter macroeconómico de las migraciones internacionales y de cómo el sistema capitalista polariza la estructura económica, al empobrecer exponencialmente la periferia, obligando a emigrar a sus habitantes, que subsisten en guetos del «cuarto mundo», de los que solo salen para realizar trabajos mal pagados, en condiciones de sobreexplotación propias de un mercado poco o nada regulado, como el que pregonan los liberales con los que han firmado esta delegación que pretenden vender como inocua.
En una Cataluña rica, el mercado laboral receptor de inmigrantes es un «mercado dual», un mercado de trabajo segmentado; de hecho, no es un mercado, sino dos, para dos tipos de clases trabajadoras: los autóctonos, en condiciones laborales aceptables, y los inmigrantes, sin condiciones dignas de trabajo, por lo que la mayoría se convierten en trabajadores precarios de larga duración, con contratos intermitentes y prolongados períodos de paro. Es el escenario que más conviene a la derecha catalana, sobre todo si, cuando gobierne, puede seleccionar a los inmigrantes a la carta. La inmigración no es cuestión nacionalista, ni siquiera nacional.