El error de centralizar la violencia de género en Santiago
OPINIÓN
La reciente aprobación del Juzgado exclusivo de Violencia de Género en Santiago de Compostela, lejos de representar un avance, supone un serio retroceso para cientos de mujeres que viven en los partidos judiciales de Ribeira, Muros y Noia.
Desde el Colegio de Abogados celebramos la creación de este juzgado, de hecho, consideramos que sería necesario uno en cada una de las grandes ciudades gallegas. Pero la centralización de casos en este juzgado es una decisión que aleja la justicia de las víctimas y pone en riesgo su protección efectiva.
¿A qué lógica responde una medida que obliga a una víctima a recorrer decenas de kilómetros para ser atendida por la justicia, mientras que una persona que denuncia un robo puede acudir a su juzgado de siempre? Esta desigualdad en el acceso es, sencillamente, inaceptable. No se puede permitir que las mujeres que sufren violencia machista enfrenten aún más barreras para defender sus derechos. Y más aún cuando, con la entrada en vigor de la nueva ley, estos juzgados tendrán que atender también todos los delitos contra la libertad sexual, la trata con fines de explotación sexual y el acoso sexual, entre otros.
Durante años, los juzgados de Ribeira, Muros y Noia han construido una red de atención eficaz, ágil y humana. La decisión de centralizar en Santiago no solo desmantela esa estructura, sino que condena a las víctimas a un sistema más lento, colapsado y despersonalizado. ¿Qué sentido tiene destruir lo que ya funciona?
La videoconferencia, que se plantea como solución, no basta. En un asunto tan sensible como la violencia de género, el entorno cercano y seguro es clave. La justicia debe ser accesible, empática y, sobre todo, próxima. Despojar a las víctimas de ese entorno es revictimizarlas desde la propia Administración.
No se trata de oponerse a la creación de nuevos juzgados, sino de exigir que no se haga a costa de vaciar los existentes. La concentración de competencias puede resultar tentadora desde un despacho en Madrid, pero ignora la realidad de los territorios. Lo que aquí se necesita no es centralizar, sino reforzar.
Por eso, el Colegio de Abogados mantiene firme su postura: esta reforma no es solo ineficaz, es profundamente injusta. Y frente a la injusticia solo cabe una respuesta: defensa activa de los derechos, cercanía con las víctimas y un compromiso real con la igualdad.