Cuarenta años cotizando
OPINIÓN
Hay asuntos que en España tienen la virtud de envejecer peor que el vino barato. Uno de ellos son las pensiones. Cada cierto tiempo aparece un señor con cara de haber leído tres informes europeos y anuncia que el sistema es sostenible. Luego, aparece otro señor, generalmente desde otro escaño, que explica que lo que realmente es sostenible es la paciencia del ciudadano. Y así vamos tirando, que es una forma muy nuestra de hacer política económica.
Ahora, el Congreso ha abierto la puerta a discutir una cuestión bastante sencilla de explicar y bastante más complicada de pagar: eliminar los coeficientes reductores para quienes acrediten cuarenta años cotizados y quieran jubilarse anticipadamente. La propuesta entra en el Parlamento, y con ella entra también la calculadora, ese instrumento que tiene la mala costumbre de estropear los discursos.
Porque una cosa es proclamar que cuarenta años de cotización merecen un tratamiento diferente y otra averiguar cuánto cuesta hacerlo. Ahí empieza la verdadera fiesta. ¿Cuántos trabajadores se beneficiarían? ¿Qué impacto tendría sobre las pensiones? ¿Qué coste tendría para las cuentas públicas? ¿Cómo se financiaría?
Son preguntas poco poéticas, desde luego. Pero tienen la desagradable costumbre de ser las importantes.
El Gobierno tendrá que contestarlas. La oposición también. Y quienes han impulsado la iniciativa tendrán que hacer lo mismo. Porque en materia de pensiones todos suelen tener una palabra favorita: unos hablan de sostenibilidad; otros, de justicia, y otros, de derechos adquiridos. El ciudadano, entretanto, suele preferir palabras más modestas: nómina, cotización y pensión.
Aquí tampoco conviene montar otra de esas guerras nacionales entre funcionarios y trabajadores privados. Un funcionario integrado en el Régimen General está sujeto, en materia de jubilación, a las mismas reglas generales que cualquier otro trabajador de ese régimen. El uniforme administrativo no cambia las matemáticas de la Seguridad Social.
Tampoco hace falta enfrentar a los jóvenes con los mayores. Ya tenemos suficientes problemas como para convertir la edad en otra frontera política. La cuestión es más sencilla: qué tratamiento merece una persona que ha acumulado cuarenta años de cotizaciones.
Cuarenta años son muchas cosas. Son madrugones, nóminas, cafés tomados deprisa, lunes que parecían tener treinta horas y viernes que llegaban siempre demasiado tarde. Son cuatro décadas pagando al sistema y escuchando que algún día llegará la hora de recoger lo sembrado.
Y, cuando llega ese día, aparece la letra pequeña.
La letra pequeña es una criatura muy española. Vive en los contratos, en los decretos, en las disposiciones adicionales y, sobre todo, en los discursos políticos. Nunca se la ve durante la campaña electoral. Aparece después, generalmente con gafas y una calculadora.
Por eso, el debate merece algo más que titulares. Si se modifica el sistema, habrá que explicar cuánto cuesta. Si no se modifica, habrá que explicar por qué una carrera de cuarenta años debe seguir soportando determinados coeficientes reductores. Y, si existen fórmulas intermedias, habrá que ponerlas encima de la mesa.
Gobierno, oposición y promotores de la reforma tienen aquí una ocasión bastante poco frecuente: hablar de pensiones como adultos. Sin milagros, sin catastrofismos y sin convertir a cada jubilado en una pancarta con piernas.
Porque una política responsable consiste en algo bastante aburrido, pero extraordinariamente saludable: decir qué se quiere hacer, cuánto cuesta y cómo se paga.
Después de cuarenta años cotizando, quizá el ciudadano no pida una revolución. Pide algo mucho más difícil en política: que las cuentas estén claras.
Y ahí está la ironía final. Los políticos llevan años explicándonos que debemos confiar en el futuro. El trabajador lleva cuarenta años haciendo exactamente eso.
Ahora quizá le corresponda al futuro demostrar que también se puede confiar en él.