RECANTO | O |
20 may 2007 . Actualizado a las 07:00 h.En plena vorágine electoral, con ministros como Caldera o Jordi Sevilla paseando por Ourense, con el presidente y el vicepresidente de la Xunta, amén de todos los conselleiros y miembros del Parlamento, desplazados a la provincia, parece oportuno recordar una norma protocolaria referida al tratamiento que se le debe dar a las autoridades. Como tratamiento se define un «título de cortesía, respeto u honorífico que se da por razón de dignidad, categoría o cargo» (SIC.DRAE). Su uso ha estado -y estará- supeditado a Reglamentos, disposiciones, usos y costumbres. Y no siempre se emplean en los términos adecuados, pero eso es otro cantar. Lo que ahora y aquí nos ocupa es esa sucesión de decisiones -mediante órdenes o leyes- que toman Gobierno central, autonómico y otros estamentos -el más reciente, la Universidad-, que siguiendo las directrices emanadas por el nuevo talante ciudadano, se quiere aproximar el gobernante al pueblo y una fórmula en su uso es la supresión de expresiones como «Excelentísimos» o «Ilustrísimos». Ahora, los cargos del poder son llana y sencillamente: señoras y señores, eso sí, subrayando especialmente la diferencia entre lo masculino y lo femenino. Ya no hay «Excmo. Sr. Ministro», «Excmo. Sr. Conselleiro», «Ilmo. Sr. Director General (o Xeral)» y en breve, cuando se publique en el B.O.E., tampoco «Excmo. y Mngfco. Sr. Rector o Vicerrector», que sólo se quedarán con el segundo tratamiento. Aquellas personalidades que gozan de este privilegio «por vida», como por ejemplo los senadores, tendrán que estar atentos por si en un futuro próximo la Cámara decide modificar el Reglamento y suprimir también el «excelentísimo» que ahora les corresponde. Eso sí, de momento el alcalde capitalino, en virtud de la Ley de Medidas para la Modernización del gobierno local, puede seguir siendo «Excmo. Sr.»; nuestro presidente de la Diputación, lo mismo -la persona cuyo cargo es «Ilmo. Sr.»-, y el presidente de la Audiencia Provincial, «Señoría Ilustrísima» (Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 23-11-2005).