El Colegio impulsó una página en Internet en protesta contra la reforma judicial
21 abr 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El Colexio de Avogados de Ourense celebró una asamblea con sus colegiados y decidieron promover una página en Facebook para oponerse a la aprobación del Proyecto de ley para la agilización de la justicia. La página se titula No a la justicia para ricos». En una semana de vida los adheridos a esa página pasan de 700. Ahora es una página en manos de toda la sociedad. De esta manera el Colegio ourensano se suma a la protesta por lo que le Gobierno pretende aprobar.
«Los juicios cuya cuantía no supere los 6.000 euros tendrán sentencias firmes, es decir, que no se podrá recurrir en apelación ante la Audiencia», dice Miguel Caride, directivo del Colegio. Ahora entre un 20% y un 30% de esas sentencias de primera instancia son revocadas por las Audiencias provinciales. Si después ya no hay apelación, significa, añade Caride, que entre un 20% y un 30% de asuntos quedarán no ajustados a derecho. «El 90% del funcionariado público no podrá recurrir jamás en apelación», indica Caride.
A ello se suma el problema de que hay juzgados de primera instancia en la provincia que se cubren con jueces en primer destino, que están empezando su carrera o que son jueces sustitutos. «Lo que ellos digan, aunque cometan un error, será definitivo al no poder recurrir ante la Audiencia», señalan los abogados. En la jurisdicción contencioso administrativa se quiere aprobar el que, si hay un ciudadano que recurre cualquier acto de la Administración, el ejemplo clásico de quien quiere recurrir una multa de tráfico, si pierde el recurso, pagará las costas del procedimiento, incluidos los honorarios del abogado del Estado o el de la Xunta. «Lo que se pretende es que el ciudadano no proteste contra la Administración», señala el decano, Arturo González. «Si reclamas una multa de tráfico de 70 euros y pierdes, al pagar los honorarios del abogado contrario la cantidad posiblemente sea diez veces superior a la de la multa que recurres», señala Caride.
Para recurrir de casación ante el Supremo, la reforma pretende subir el límite económico, es decir, no se puede recurrir asuntos que impliquen menos de 800.000 euros cuando hasta ahora es de 150.000.
Expropiacion forzosa
«Imagina una expropiación forzosa, me valoran la propiedad en 30.000 euros. El informe del perito dice que vale 149.000 euros. Voy al contencioso, lo pierdo y quedo sin el aumento del justiprecio y no llegan esos 30.000 euros para pagar al abogado del Estado», indica Miguel Caride.