Un recurso judicial contra el emplazamiento también está sin resolver
07 mar 2013 . Actualizado a las 07:20 h.Los vecinos de Reza, los más implicados en la lucha contra la depuradora, tanto contra la actual como contra la elección del emplazamiento para la nueva, se mostraban ayer asombrados. El despliegue institucional para la presentación del proyecto ha causado una extraordinaria sorpresa, particularmente entre el grupo de propietarios de las cuarenta parcelas que será necesario expropiar para acometer esta obra. Desde que el día 7 de julio del 2010 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la relación de bienes y derechos afectados por esta infraestructura, no han tenido noticia alguna de la administración.
La actual instalación es ilegal, al haber sido anulada la licencia por sentencia firme, pero sigue funcionando. «Incumplen la ley. No solo nos hicieron daño a los vecinos, sino que, pese a haber ganado el pleito, ahora nos plantan una nueva construcción al lado: como si no hubiera ningún sitio mejor», lamenta Cecilia dos Santos, una de las personas directamente afectadas, del grupo que desde el primer momento decidió llevar el asunto «hasta donde fuese necesario».
La instalación actual, insisten, es ilegal. Y sobre la elección del nuevo emplazamiento pesa un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Galicia (TSXG), que se encuentra sin resolver.
Al margen de la cuestión estrictamente legal, el proceso de expropiación está en pañales, a juicio del abogado ourensano Francisco Aranda, que es quien defiende los intereses de los afectados. Solo se conoce la relación de bienes y derechos, que incluía cuatro cuya titularidad estaba «en investigación» cuando se publicó en el BOE el anuncio, firmado por Francisco Fernández Liñares, entonces presidente de la Hidrográfica Miño Sil, imputado en la Operación Pokémon. Ni se conocen las valoraciones, ni se han levantado actas de ocupación.
El proyecto para la nueva depuradora, presentado en la Subdelegación del Gobierno, empezará a ejecutarse en este año y deberá estar finalizado antes de terminar el año 2015, según las previsiones de plazos que maneja la empresa pública acuaNorte, que se encarga de la gestión.
Las expropiaciones incluyen tres parcelas con 387 metros cuadrados construidos. El resto es suelo rústico. Del total a expropiar, 7.184 metros cuadrados son de ocupación temporal.