El Concello de Ourense trata de evitar más reclamaciones millonarias en As Burgas
OURENSE CIUDAD
A la espera del TSXG en la petición de 16 millones, Urbanismo descarta hacer frente a otra compensación de 2,3 millones
18 dic 2014 . Actualizado a las 05:15 h.Que el Consello Consultivo rechazara las pretensiones de la empresa Xardín das Burgas de cobrar 16,4 millones de euros por no poder ejecutar su proyecto de balneario en As Burgas ha sido un alivio para las arcas municipales. Sin embargo, la espada de Damocles se mantiene sobre el gobierno ourensano, ya que la reclamación de la empresa también se dirime en el juzgado. En concreto, en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia donde el Concello de Ourense confía en que el informe preceptivo, que no vinculante, del Consello Consultivo sirva para que la empresa se lleve cero euros de las arcas públicas.
No se trata, sin embargo, de la única reclamación patrimonial en marcha, aunque de momento se ciñe a la vía administrativa. El propietario de un edificio en la calle Progreso reclama al Concello de Ourense que le abone 2,3 millones de euros por no poder ejecutar la licencia de obra concedida por mandato judicial en agosto para construir una vivienda con cinco plantas y plazas de garaje. La previsión municipal para la expropiación de este terreno se queda muy lejos, ya que apenas supera los 20.000 euros.
La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, cierra la puerta sin embargo al pago de esta responsabilidad patrimonial relacionada con el expediente de As Burgas: «Tal y como se le respondió en el período de alegaciones si la licencia existe, tal y como le reconoce el juzgado de lo contencioso, será indemnizable mediante un expediente de responsabilidad patrimonial, pero no se puede incluir en el expediente de expropiación que exclusivamente valora lo que permite el planeamiento vigente, que no es otro que el plan especial del Bien Interés Cultural de As Burgas».
Sobre el coste que esa reclamación patrimonial podría tener para arcas municipales, Soto asegura que estará lejos de esa pretensión millonaria de los propietarios: «¿Qué será indemnizable? El coste del proyecto y poco más, pero bueno defenderemos nuestra postura como hemos hecho de forma cualificada en el caso de Xardín das Burgas».
Pelea
La concejala de Urbanismo sostiene que mientras ella se mantenga en el cargo -anunció que dimitirá en cuanto se fije el juicio pendiente por su imputación en el caso de la plaza de San Antonio- estos casos «en defensa del interés público se lucharán. Por eso es importante para mucha gente que yo no esté, porque ahora peleamos y ganamos los casos en el juzgado».
La postura que mantiene la propiedad de esta vivienda es muy distinta, ya que considera que se trata de una «expropiación chavista». Sus exigencias se basan el daño derivado del aprovechamiento materializable (441.056 euros), imposibilidad de crear plazas de garaje (1,4 millones), alteración del suelo (432.127), tasa de licencia (5.585) e ICO (14.783 euros).