Creen que el 112 y el 061 no usaron sus recursos para localizar al accidentado
15 ene 2015 . Actualizado a las 05:15 h.El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense revisará, en una vista que se celebra hoy y mañana, la actuación de los servicios de emergencia del 112 y del 061, después de la demanda presentada por los familiares de un joven motorista de Ribadavia que murió el 12 de octubre de 2011. Ovidio Montero, de 27 años, falleció tres horas después de haber sufrido una salida de vía cuando circulaba por la carretera que comunica la N-120 con la localidad de Sadurnín en Cenlle. Pese a las dramáticas llamadas que realizó desde su teléfono móvil pidiendo auxilio desde las 18.45 horas, no pudo precisar su localización ni los servicios de emergencia sanitaria dieron con él hasta las 21.53 horas. Aunque le realizaron maniobras de reanimación, el motorista murió a causa de las lesiones sufridas en un pulmón colapsado por una hemorragia.
En la demanda que se examinará en el juzgado, los familiares exigen una indemnización a la Xunta de Galicia, de la que dependen los servicios de emergencias 112 y Urgencias 061, por entender que la causa de la muerte se debió al largo tiempo que el accidentado estuvo sin recibir atención médica y por un funcionamiento ineficaz de los servicios de emergencia de la Xunta. Los demandantes sostienen que aunque en la web del 112 «se presume de disponer de sistemas de localización eficaces y rápidos» no se utilizaron los medios técnicos disponibles. Después de haber recibido el aviso de un particular, un locutor del 061 contactó con el accidentado a las 18.53 horas pero no comunicó al 112 —el servicio que debía tener el sistema de localización— la incidencia hasta una hora después. En su reclamación, esta parte expone que no se le preguntó al herido qué teléfono ni qué compañía tenía —aunque la operadora y la marca del móvil acreditaron que con una llamada se puede identificar la antena y facilitar una localización aproximada— y hubo falta de coordinación entre los equipos participantes, que llamaban a la vez a la víctima.
En la demanda contenciosa-administrativa que se dirimirá hoy y mañana declararán testigos de los servicios de emergencias que atendieron las llamadas y realizaron la búsqueda y también peritos para intentar aclarar si con la tecnología disponible se podía haber localizado al herido y llegar a tiempo de haberle salvado la vida.
Los familiares solicitan que la Xunta los indemnice con 114.000 euros por considerar que la administración es responsable de una negligencia en el funcionamiento del servicio. El Juzgado de Ribadavia había archivado las diligencias penales sobre el caso.