Un juzgado de instrucción había archivado la investigación
25 mar 2015 . Actualizado a las 04:03 h.El pasado mes de diciembre, siendo aún juez del Juzgado de instrucción número dos de Ourense, Antonio Piña archivó el conocido como «caso depuradoras». Dos días después tomó posesión como presidente de la Audiencia Provincial y ha sido precisamente ese órgano el que ha ordenado reabrir la investigación, que trata de aclarar si la Diputación ourensana cometió un fraude de fondos comunitarios con dos proyectos de instalación de depuradoras en pequeños núcleos de población de la provincia.
Antonio Piña ya había archivado el caso cuando un particular lo denunció en el año 2009, pero lo reabrió tras hacerse público un informe de la Oficina de Lucha Antifraude de la Unión Europea (OLAF). En él se denunciaban graves irregularidades en la contratación de las citadas depuradoras con la supuesta intención de favorecer a una determinada empresa y se pedía la devolución íntegra de los fondos europeos recibidos para ese proyecto, que ascienden a 10,1 millones de euros.
La Audiencia Provincial no entiende que Piña -que no ha participado en esta decisión porque el recurso cayó en la otra sección penal- decidiese volver a cerrar el caso sin tomar declaración a los investigadores que llevaron a cabo aquel informe puesto que sus acusaciones, «que en sí mismo son importantes indicios de comisión criminal, no han sido desvirtuadas a lo largo de la instrucción». De hecho, este órgano judicial, formado por tres magistrados, censura que el juez instructor solo llamase a declarar a los implicados en las contrataciones (técnicos de la Diputación o de las empresas beneficiadas), «interesados en diluir sus posibles responsabilidades en las irregularidades denunciadas por la oficina europea antifraude», remarca el auto emitido sobre este asunto.
También critica la Audiencia la «cuestionable» separación de la causa que realizó Antonio Piña, ya que dejó abierta la puerta a la investigación de los contratos de las asistencias técnicas relacionadas con las depuradoras, pero cerró la de las propias plantas. Son, sin embargo, «contrataciones íntimamente relacionadas, subvencionadas con los mismos fondos Feder y que fueron adjudicadas en su integridad a las dos mismas empresas, SMA y Netglobal, ambas del mismo grupo», concluyen los tres magistrados.
Cabe destacar que la Audiencia Provincial finaliza su auto ordenando continuar la investigación «sin que ello signifique cuestionar decisiones políticas, quizás no afortunadas, a la vista de la inoperatividad de las depuradoras instaladas, aspecto este último que excede con mucho la jurisdicción penal». En este sentido, la oposición siempre ha denunciado la inutilidad de este sistema de depuración por su alto coste energético, pero el gobierno que preside José Manuel Baltar asegura que, salvo contadas excepciones, todas funcionan bien.
Retraso de la devolución
Curiosamente, la decisión de la Audiencia permitirá que la Diputación no tenga que pagar aún los 10,1 millones reclamados por la UE ya que la institución había presentado un recurso contencioso-administrativo contra la devolución de ese dinero y logró su suspensión cautelar mientras no se resolviese la investigación penal ahora reabierta.