Los ayuntamientos ourensanos, al igual que los del resto del Estado, están obligados a adaptarse a la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aprobada por el Ejecutivo central en el año 2013. La nueva legislación es de aplicación para todas las Administraciones públicas, pero los ayuntamientos disponían de una moratoria de dos años para aplicar las medidas necesarias para cumplirla. Sin embargo, cualquier puede comprobar que la práctica totalidad aún no lo ha hecho pese a que entró en vigor para ellos el pasado día 10 de diciembre.
Los ciudadanos deberían ya de poder consultar en un portal específico todos los datos sobre su funcionamiento que son de relevancia, pero una visita a las webs municipales aclara que solo el Concello de Ourense y unos pocos más cumplen, en parte, con sus obligaciones. Esta forma de actuar, próxima a la insumisión, empuja a la sociedad al convencimiento de que las leyes pueden ser ignoradas sin que pase nada.
Lo cierto es que la Diputación se ha puesto a disposición de los ayuntamientos para ayudarles en la aplicación de la ley de transparencia, pero aún no ser han visto los frutos de ese trabajo. También es cierto que esta es una nueva obligación para las entidades locales, cargadas de competencias que en la mayor parte de los casos no van acompañadas de la financiación adecuada para ejecutarlas. En cualquier caso, esa protesta debían haberla manifestado por todos los medios antes de obviar el cumplimiento de la ley, que no es la solución ni es algo pedagógico a nivel social.