La Policía Local dice que la terraza del jardín japonés «infringe todo tipo de normativa»
10 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El Gran Hotel San Martín, uno de los más emblemáticos de la capital ourensana, inicia una nueva etapa. Casi medio siglo después de su apertura y tras entrar en concurso de acreedores por sus problemas económicos, el establecimiento fue vendido ayer a la empresa Kissinger Baltic Corporation, de la que es administrador el empresario ourensano Antonio Daniel Domínguez, que posee negocios del sector de joyería y también tiene experiencia en el hotelero. La venta, que se ha pospuesto durante las últimas semanas debido a los recursos presentados por la familia Martínez Núñez, propietaria hasta ayer, se constató por el precio fijado por el juzgado a finales del pasado año, de 3,7 millones. Con ese dinero se han podido ya empezar a pagar algunas de las deudas que tenía contraídas la entidad. Entre sus acreedores estaba la comunidad de propietarios del edificio de La Torre, en el que está ubicado el hotel, a la que se le adeudaban más de 300.000 euros que ya han sido abonados. Asimismo, se han puesto al día los salarios de todos los trabajadores y a partir de la próxima semana se abonarán las cantidades que se deben a los que fueron despedidos.
Se prevé que el nuevo propietario entregue la explotación del hotel a una gran cadena. Parece que la mejor situada es ahora Barceló, que en su día ya había pujado por el establecimiento.
La Policía Local dice que la terraza del jardín japonés «infringe todo tipo de normativa»
La venta del hotel San Martín, formalizada ayer en una notaría de Ourense, incluye el traspaso al nuevo propietario de la concesión de la explotación del espacio exterior conocido como jardín japonés y en el que funciona una cafetería con amplia terraza. Sin embargo, esa concesión está ahora en el punto de mira del Concello de Ourense que esta misma semana ha notificado a las partes implicadas el inicio del expediente para anularla. Uno de los motivos que se esgrimen para esa decisión es que la hasta ayer concesionaria, Promociones de Alojamientos Ourensanos, cedió la explotación de la concesión a un tercero, algo que la ley prohíbe. A los afectados, que ya han anunciado que presentarán alegaciones, les extraña sin embargo que se cuestione ahora un traspaso que se formalizó hace más de dos años, en enero del 2014, a una sociedad en la que tiene participación María José Caldelas, mujer del presidente de la Diputación y del PP de Ourense.
Es, de hecho, un informe de la Policía Local fechado en noviembre del 2016, el que advierte de ese subarriendo e informa, además, sobre «el incumplimiento continuado a las diferentes normativas y leyes que se están realizando por parte de los responsables de la cafetería denominada La Central». Los agentes aprecian «una invasión de espacio público que se realiza con ánimo de lucro y careciendo de la correspondiente autorización municipal de veladores», advirtiendo incluso que el exceso de sillas y mesas apiladas podría poner en peligro la seguridad de la Subdelegación del Gobierno. El informe concluye que la terraza «infringe todo tipo de normativa, creando para el resto de los hosteleros una situación clara de competencia desleal».