Un hombre denuncia a sus dos exsocios por, supuestamente, estafarle 55.000 euros
OURENSE
La Fiscalía ha pedido el sobreseimiento del caso al no ver dolo por parte de los demandados
07 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.En el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial se sentaron ayer dos personas por un supuesto delito de estafa. Ambos abrieron, en el año 2014, un centro de día al que más tarde se sumó el denunciante como socio, con una participación del 25 % por valor de 55.000 euros. Los dos declararon que son conscientes del dinero que deben a su exsocio pero que en ningún momento quisieron engañarlo. En esta línea, testificaron que se le ofreció la posibilidad de devolverle de forma paulatina el dinero que había invertido para formar parte de la sociedad civil, pero que el denunciante se negó y dijo que quería un solo pago.
El demandante mantuvo durante su turno testifical que otros trabajadores le habían transmitido que se les debían nóminas y que algunos proveedores estaban sin cobrar deudas atrasadas. Ante estas acusaciones el fiscal, Julián Pardinas, afirmó en sus conclusiones finales que la reclamación por parte de la víctima -y único testigo llamado a declarar a la vista oral del juicio- corresponde al ámbito civil. «El Ministerio Fiscal no ha oído a otros trabajadores ni a otras personas que pongan de manifiesto que han sido engañados y, si han existido, el procedimiento correcto es la reclamación de sus salarios por el ámbito civil», apostilló.
El demandante contestó al fiscal que considera que no debe recurrir a la vía civil porque no está reclamando «ningún beneficio» y que tampoco querría obtener ganancias de un negocio que calificó de «patraña». «No quiero que se me relacione con ellos ni tener nada que ver con su centro de día», añadió ante los jueces.
Por otro lado, Pardinas entiende que los propios encausados reconocieron en todas las fases anteriores a la sesión oral del juicio que habían recibido dinero del denunciante a cambio de unas condiciones que no se pudieron cumplir. Sin embargo, no se demostró el dolo por lo que, según sus palabras, «se está utilizando torticeramente un procedimiento penal para conseguir la recuperación de los 55.000 euros a los que se ha hecho referencia».
«La defensa de la legalidad obliga al Ministerio Fiscal al ejercicio de las opciones penales cuando entiende que una persona haya quebrantado el ámbito jurídico hasta los límites establecidos en el Código Penal. Pero de la misma manera que tiene esa obligación el ministerio fiscal, existen una actuaciones menos conocidas por la opinión pública que nos obliga a oponerse al ejercicio de esas acciones penales cuando entiende que la persona, o las personas que se sientan en el banquillo de los acusados no lo están siendo correctamente», explicó en su turno final.
Los encausados reconocieron que no tenían mucha idea de dirigir un negocio porque es el primero que tienen y que cambiaron de asesoría y de abogado por considerar que no se estaban llevando bien los asuntos económicos de la sociedad. Textualmente, uno de los procesados dijo: «Yo creo que estoy aquí porque mi anterior letrado no supo hacer bien las cosas». Letrado que, según la defensa no aparecía registrado en ningún colegio de abogados de España.
La acusación particular pide para los demandados tres años de prisión, ocho meses de multa -a razón de 18 euros diarios-, así como la devolución de los 55.000 euros. La defensa reclama la libre absolución y la Fiscalía el sobreseimiento del caso.