El centro de la Xunta para personas con discapacidad de Ourense estará acabado en el 2024
OURENSE
El gobierno gallego asegura que ya ha retomado las obras tras cuatro meses paradas
22 ene 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Aunque a primera vista no se observa mucho movimiento en la zona, el gobierno autonómico asegura que ya ha retomado las obras del Centro de Atención a Persoas con Discapacidade (CAPD) que se estaba construyendo en Barrocás. Los trabajos, según informa la Consellería de Política Social, deberían estar terminados a principios del año 2024.
Después de resolver las discrepancias que originó la ubicación del centro, las obras comenzaron en el verano del año 2020 tras la adjudicación del contrato (de 7,6 millones) a una UTE formada por Construcciones Alea y Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones. Sin embargo, desde la Consellería de Política Social recuerdan que su ejecución «viuse afectada pola crise de subministros, que levou a conxelar as obras, debido a que a empresa adxudicataria non puido facer fronte ao incremento dos custos derivado dos incrementos dos prezos dos materiais de construción».
Plazos
Así pues, para garantizar la viabilidad del proyecto, la Xunta decidió resolver el contrato, revisar los precios para adecuarlos al contexto actual del mercado y volver a licitar las obras que faltaban por hacer. Cuando la ejecución se paralizó el pasado verano, quedó allí el esqueleto del futuro centro y ahora será la constructora Copasa la que terminará los trabajos. El nuevo contrato fue adjudicado en 8,2 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de trece meses. Según remarcan fuentes de la Consellería de Política Social, aunque en esta primera fase las obras puedan no ser muy visibles, lo cierto es que estas se retomaron el día 20 de diciembre del año pasado. Así pues, deberían estar finalizadas a principios del 2024.
Cuando así sea, la puesta en funcionamiento del CAPD ourensano no debería demorarse mucho más, toda vez que el gobierno autonómico está preparando también la licitación del equipamiento necesario para abrir el centro. Según remarca desde la Consellería de Política Social, el objetivo es que ese suministro esté asegurado para que sea simultáneo a la entrega de la obra rematada. Solo quedaría por aclarar, por lo tanto, cómo se gestionará en el futuro este CAPD, que tendrá 110 plazas para personas con discapacidad mayores de 21 años (80 de residencia y 30 de centro de día).
Modelo de gestión
Precisamente, el modo en que se gestionará el centro ha sido objeto de una intensa polémica en los últimos meses. Esta misma semana, el asunto se debatió de nuevo en el Parlamento de Galicia. La oposición teme que el gobierno autonómico decida adjudicar el servicio a una empresa privada o una fundación, al contrario de lo que ocurre los CAPD que ya existen en las otras tres provincias y que están gestionados directamente por la Administración. La diputada del PSOE Marina Ortega insistió en este tema en la última reunión de la comisión parlamentaria de Sanidade, Política Social e Emprego. «Non estamos a falar por exemplo de privatizar ou non a recollida de lixo ou o servizo de augas», advirtió la socialista.
El encargado de responderle fue Fernando González Abeijón, director xeral de Persoas con Discapacide. «Este, como o resto de centros da Consellería, vai a ser un centro público, que vai estar integrado na rede pública», dijo el representante del gobierno gallego, que recordó que el bipartito privatizó la gestión de varias residencias de ancianos y que también existen servicios sociales en esa situación en la Diputación de Lugo y en ayuntamientos gobernados por el PSOE: «Vostedes demandan unha cousa que está demostrado que non cren nela porque cando gobernan non o fan».
«Paciencia creo que ya hemos tenido suficiente», dicen las familias
Miembros de la plataforma proCAPD, impulsada por familias de personas con discapacidad, visitan con frecuencia la parcela donde está construyéndose el centro. Eva Gutiérrez explica que no ven actividad de obras, pero espera que la reactivación de las mismas anunciada por la Xunta sea definitiva. «Estamos en una situación que hasta la podemos definir como de cabreo. Es verdad que hay cosas que puede que no sean responsabilidad de la Xunta, pero desde el año 2016 nos llevan prometiendo que va a ser una realidad y ya estamos en el 2023. Paciencia creo que ya hemos tenido suficiente», dice.
Gutiérrez lamenta, además, la falta de receptividad de la conselleira de Política Social, Fabiola García, con las reivindicaciones de la plataforma proCAPD. Según dice, han pedido decenas de reuniones con ella, pero «jamás nos ha recibido y ni siquiera nos responde». En cualquier caso, advierte: «No sabemos si somos ciudadanos de segunda, pero lo que sí tenemos claro es que somos padres de primera y no vamos a cejar en nuestro empeño». Gutiérrez insiste en su rechazo a la gestión indirecta del futuro centro: «Me da igual que sea con ánimo o sin ánimo de lucro, ese tipo de entidades aquí ya las hay, con más o menos plazas, pero las hay. Nosotros queríamos un centro como los de las otras provincias, que sea gestionado directamente por la Xunta».
