Nuevo revés judicial para Jácome: el juzgado de guardia rechaza prohibir la difusión de sus audios comprometedores
OURENSE
El BNG paga los 2.000 euros que le exigían para formalizar su querella contra Jácome por la multa de Samil
20 may 2023 . Actualizado a las 01:51 h.El juzgado ha vuelto a denegar la petición de prohibir la difusión en prensa de las grabaciones en las que el alcalde de Ourense y candidato por Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, mantenía conversaciones comprometedoras: pedía a funcionarios que asumiesen una multa al coche de la Alcaldía, hablaba de dinero en B o de colocar a asesores en empresas concesionarias.
Ha sido en esta ocasión el Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense, en funciones de guardia, el que ha negado la medida cautelar que solicitaba el político dentro de una nueva denuncia presentada contra La Región por un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos.
Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en el auto la jueza considera que el denunciante no ha aportado «indicios bastantes que hagan presumir la participación de persona alguna, por cuanto no se aporta elemento alguno que permita inferir la colocación no autorizada de dispositivos de escucha y grabación». La magistrada añade que en la denuncia no constan fotografías ni datos de ninguna inspección ocular en la que se haya encontrado algún dispositivo de grabación, ni tampoco se mencionan testigos que hayan podido ver si se instalaba o retiraba algún equipo para este fin. Tampoco hay ningún informe pericial que apoye la versión del denunciante en el que se acredite el lugar en el que se obtuvieron esos audios o si fueron alterados.
Por lo tanto, no hay ningún indicio que justifique la medida cautelar que solicitaba Pérez Jácome. El alcalde y candidato de DO se refería en esta denuncia a una publicación de La Región del día 6 de mayo en la que se aportaba una grabación entre Jácome y otras personas acerca de una infracción de tráfico. También aludía a lo publicado el 8 de mayo con otro audio y una información sobre el uso de dinero negro para financiar la campaña electoral. Según el denunciante, esas conversaciones grabadas se habían mantenido en su despacho de la Alcaldía o en espacios de acceso reservado de los edificios municipales. A su juicio, esos audios solo se podían haber obtenido utilizando un dispositivo de escucha y grabación de sonido.
Para que un juez llegue a prohibir la difusión de informaciones en medios de comunicación o redes sociales, el togado debe analizar la «proporcionalidad de la medida» y las circunstancias concurrentes en el momento de su adopción». En este sentido se pronunció también el magistrado del Juzgado de instrucción 1 de Ourense cuando el actual alcalde y candidato denunció a La Voz de Galicia por la publicación de una información sobre una grabación. El juez también denegó entonces la retirada y prohibición de difusión de los audios, como solicitaba el denunciante.
En ambos casos, los dos magistrados coinciden en que la práctica de diligencias para aclarar los términos de la denuncia deben hacerse en el juzgado de instrucción al que le corresponda asumir el caso una vez que se reparta, ya que esto no compete al juzgado de guardia. En el mismo auto que deniega las medidas cautelares, la jueza de Instrucción 3, en funciones de guardia, acuerda la apertura de diligencias previas, en las que sí se podrán ordenar actuaciones para determinar si ha habido o no delito. La denuncia contra La Región, explica el TSXG, había sido repartida y la instrucción de había sido encomendada al juzgado 2, pero este la devolvió al 3 para que resolviera la cuestión de las medidas cautelares. Una vez contestada esta solicitud, la causa regresa al juzgado 2 para que se decida sobre las diligencias demandadas.
A mayores, Gonzalo Pérez Jácome amplió esta semana una de sus denuncias contra La Región por la difusión de otros audios. Volvía a pedir la prohibición de su difusión como medida cautelar, pero esta solicitud aún no se contestó.
Nada más conocerse el primer audio de Gonzalo Pérez Jácome, el BNG fue al juzgado de guardia para presentar una denuncia. Para poder admitirla a trámite, al partido le exigieron el pago de una fianza de 2.000 euros y la formalización de una querella. Los nacionalistas cumplimentaron este viernes los últimos trámites y acusan al alcalde de Ourense de un delito de falsedad documental por la multa que le pusieron un sábado por la noche en una calle próxima a Samil, en Vigo.
Tras meses sin identificar al conductor, la sanción la asumió Rafael Martínez Cachafeiro, profesor de la escuela municipal de música, amigo de Jácome y número seis de la candidatura de Democracia Ourensana para el 28M. Sin embargo, en una de sus grabaciones, se escucha el alcalde proponiendo a otros dos funcionarios que fuesen ellos quienes cargasen con la sanción. «Lo que no puede ser es que me pillen a mí. Con eso pierdo votos», eran las palabras del regidor, las mismas que sirven de base a la querella formalizada por el BNG.
Desde el Bloque dan por hecho que quien conducía el coche era el propio alcalde de Ourense y su abogado, Xosé Antón Pérez Lema, remarcó que, al tratarse de un vehículo oficial, de las diligencias judiciales podría concluirse también un delito de malversación de caudales públicos. El letrado compareció ante los medios de comunicación este viernes en los juzgados de Ourense antes de cumplimentar los últimos trámites necesarios para formalizar su querella.
Junto a él estaba el portavoz municipal del BNG y candidato a la alcaldía, Luis Seara, que habló de una situación de «emerxencia social e política» en Ourense. «Nós non podemos pornos de perfil», sentenció el líder nacionalista, que justificó así el pago de la fianza requerida por la jueza: «Non é que nos sobre o diñeiro, pero se eso é necesario para que a querela se formalice claro que a presentamos. A defensa dos veciños vale moito máis que 2.000 euros».