El interventor demanda a Jácome y al Concello de Ourense por acoso y reclama 150.000 euros
OURENSE
El funcionario lleva al Juzgado el «hostigamiento continuo, sistemático y persistente» por parte del alcalde ourensano
21 feb 2024 . Actualizado a las 13:33 h.El interventor municipal ha presentado una demanda por acoso contra el Concello de Ourense y contra su alcalde, Gonzalo Pérez Jácome. El funcionario encargado de fiscalizar la gestión económica del Ayuntamiento sigue, de este modo, los pasos de la jefa de la Policía Local, que también denunció por ese motivo. Una sentencia, que todavía no es firme, le da la razón a ella y obliga al Concello y al exedil de Seguridade a indemnizarla con 30.000 euros. El interventor señala directamente al regidor ourensano y reclama 150.000 euros que tendrían que pagar entre Jácome y el Ayuntamiento.
El caso ha recaído en el Juzgado de lo social número uno de Ourense, el mismo que resolvió sobre la jefa de la Policía Local, y la vista oral está fijada para el próximo día 17 de abril. Antes, el próximo lunes, se abordarán las medidas cautelares solicitadas por el interventor, que pide que no siga el acoso y que se deje sin efecto el expediente de cese abierto contra él.
El alcalde lo acusaba de actitudes «incoherentes», «abusivas» y «obstruccionistas», pero acaba de conocerse la posición del Ministerio de Hacienda, que no respalda la medida propuesta. En un informe, aclara que «teniendo en cuenta que el titular del puesto de trabajo [...] fue nombrado por concurso, cabe entender que no procede la tramitación de un expediente de cese».
Cuando Jácome impulsó esa medida, el funcionario respondió con unas alegaciones en las que ya solicitaba la activación del protocolo antiacoso del Concello de Ourense. Entonces el funcionario ya hablaba de un «hostigamiento continuo, sistemático y persistente».
Con ello, según argumentaba, el alcalde trataba de apartarlo de sus funciones. Y lo hacía con constantes alusiones personales hacia el trabajador, a quien en varios plenos acusó acusó de ser «negligente», de actuar con «mala fe» o de intentar «bombardear» su gobierno con una lawfare, o guerra jurídica.
Ese proceder no cambió tras la activación del protocolo antiacoso, ya que en el último pleno municipal, celebrado el pasado día 2 de este mes de febrero, el alcalde volvió a aludir directamente al interventor. La concejala del BNG, Rhut Reza, preguntó por las ayudas pendientes de pago a entidades sociales y Jácome culpó a ese funcionario y a la tesorera. «Pregúnteles a ellos por qué tardan tanto», dijo el alcalde.