La huelga de una letrada obliga a aplazar el juicio contra trece acusados por un robo de móviles ocurrido en Ourense en el 2014
OURENSE
La profesional no se presentó a la vista y la magistrada se vio forzada a suspender la vista, algo que ocurre por tercera vez en el último año
12 abr 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Un año después de que se señalara por primer vez y cuando ya han pasado diez desde los hechos, el juicio contra trece acusados de participar en el robo de 76 móviles y su posterior venta en el mercado negro sigue sin poder celebrarse. El Juzgado Penal dos de Ourense había reservado la sala de vistas más grande del edificio judicial, pero la ausencia de una abogada obligó a un nuevo aplazamiento. Es el tercero.
La letrada ya había informado previamente de que no podría defender a su cliente porque iba a sumarse a la huelga del turno de oficio y, aunque la magistrada denegó su petición, la profesional optó por no presentarse. No hubo más remedio que suspender el señalamiento, a pesar de la presencia del resto de profesionales y de los investigados.
Más retraso, por tanto, para uno de los asuntos más antiguos que están pendientes de resolverse en este juzgado. Según la Fiscalía provincial fue Luis Miguel D. M. la persona que, en la madrugada del 2 de abril del 2014, usó una piedra para romper el cristal de una tienda de telefonía situada en la rúa Santo Domingo, colándose en el interior y llevándose dinero en efectivo y 43 terminales. Cuatro días después el mismo sospechoso habría accedido de nuevo al mismo establecimiento, robando esta vez otros 33 dispositivos.
Esos aparatos, valorados entonces en casi 20.000 euros, fueron distribuidos entre doce particulares. La Fiscalía de Ourense cree que todos los compradores sabían que los teléfonos eran robados, lo cual justificaba que pudieran adquirir modelos iPhone o BlackBerry de última generación en aquellas fechas por cantidades de entre 50 y 100 euros. Consta en el informe que muchos de los clientes se deshicieron de esos móviles tras utilizarlos durante un tiempo, cambiándolos por bicicletas o incluso por tatuajes. Algunos pasaron por varias manos antes de desaparecer, mientras que otros fueron recuperados y devueltos a la empresa de la que fueron robados.
Se piden cinco años de cárcel para el líder de la trama y ocho meses para el resto de acusados.