Denuncia que aún vive en el lugar un antiguo arrendatario
01 ago 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El contencioso entre la Diputación y el concesionario de la explotación de las instalaciones del Centro Ecuestre de Vilamarín no parece que vaya a tener una fácil solución. O al menos no de forma cordial y sí mediante una decisión tomada en sede judicial. El adjudicatario de las instalaciones, Martín Vázquez Antelo, cuestiona la versión del organismo provincial —dada a conocer por el diputado popular José María Lago en el último pleno— y se considera perjudicado por la falta de cumplimiento de la Diputación y los perjuicios económicos que le ha acarreado en estos años la desidia del organismo provincial. Rechaza de cuajo ser un okupa de las instalaciones y llama la atención «sobre os okupas que me deixou a Deputación e aí seguen», señaló.
Un okupa y caballos de otros
Vázquez Antelo ganó el concurso del organismo provincial para gestionar el centro de Vilamarín en el 2022. El contrato era por dos años, prorrogables por otros dos. Lo que se encontró y lo que ha vivido en este tiempo lo llevan a rechazar, con todas sus fuerzas, que se le califique de okupa y que se asegure que se ha iniciado el proceso de desahucio. «Cando unha administración fai unha concesión a mesma é libre de cargas. En Vilamarín vinme negro para que se fose a xente que estaba alí, xestión que lle correspondía á Deputación, e nalgúns casos non o conseguín. No centro hai unha vivenda e non a podo empregar porque está vivindo nela, e este si que é okupa, o que xestionou as instalacións hai anos, o de Equus Ourense. A Deputación nunca o desaloxou e eu teño que vivir fóra do centro porque este señor non quere marchar», precisó.
En la hípica quedaron caballos que no son de su propiedad, y que él ha mantenido todo este tiempo para que no murieran. «Non podo facer nada con eles, porque como non teño a titularidade dos mesmos nin os papeis, nin os podo mover. Vaime pagar a alimentación a Deputación?», se pregunta el concesionario. Tiene claro que el organismo provincial lo quiere desalojar porque ya hay un próximo adjudicatario y asegura que defenderá sus derechos por la vía legal.