Juzgan en Ourense por delito contra la fauna a un hombre que tenía un criadero clandestino de tortugas y varios ejemplares en peligro de extinción

Marta Vázquez Fernández
M. Vázquez OURENSE

CARTELLE

Imagen de archivo de un ejemplar de tortuga
Imagen de archivo de un ejemplar de tortuga Thomas P. Peschak

La Fiscalía pide dos años de cárcel para el sospechoso, un vecino de Cartelle al que se le incautaron 17 ejemplares sin documentación legal

08 sep 2024 . Actualizado a las 05:00 h.

Patriarca, Ra, Zeus, Patras, Abuela, Thor o Loco. Estos son los nombres con los que había bautizado a varias de sus tortugas un vecino del municipio ourensano de Cartelle. El hombre, de 54 años, llevaba tiempo conviviendo con estos ejemplares e incluso había puesto en marcha un criadero del que salían reptiles destinados a su comercialización. Pero se trataba de un negocio ilegal de cuya existencia se tuvo conocimiento por parte de la Guardia Civil a mediados del año 2021.

Y es que por mucho cariño que les tuviera y por muy bien que las tratase, la realidad es que el individuo no estaba autorizado para tener en su vivienda ese tipo de animales, considerados especies protegidas y algunos en peligro de extinción. Así lo pudieron constatar los agentes del instituto armado que, con una orden judicial, se presentaron el 12 de agosto de ese año en la vivienda. Se encontraron con un total de 17 ejemplares en un anexo a la vivienda del hombre que, según se comprobó, no tenía la documentación legal para custodiarlas. Aquel día se descubrió también la existencia del criadero clandestino. Todos los animales fueron requisados este mismo día y trasladados a centros especializados. Los agentes denunciaron al particular, que tres años después está a punto de sentarse en un banquillo de acusados, posiblemente este mes. 

La Fiscalía de Ourense le imputa un delito contra la fauna, ya que sostiene que todos los animales incautados en su vivienda carecían de los documentos CITES para su tenencia legal, sin que conste tampoco probada la relación entre los ejemplares y los papeles que presentó el sospechoso. Las consecuencias de su proceder le podrían suponer el ingreso en prisión, ya que se reclama para él una condena de dos años de cárcel. Así lo recoge el escrito de acusación, en el que se da cuenta de que los documentos que el acusado entregó a los funcionarios del Seprona para justificar la tenencia legal de los animales «carecían de validez al haberla perdido y no haber sido renovados». Los agentes también tomaron nota de que todos los especímenes de tortugas «carecían del marcado obligatorio habitual», sin que se pudiera tampoco constatar la relación entre los papeles y las tortugas de aquella vivienda. 

Por ejemplo, se localizaron cuatro crías de la especie testudo marginata (tortuga griega) que carecían «completamente» de documentación, ya que habían sido criadas en cautividad y «con fines comerciales», pese a que su propietario no estaba dado de alta como tal en los términos que exige la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre, firmada en Washington el 3 de marzo de 1973, que dio lugar al convenio CITES.

En su informe, la fiscala de Ourense especializada en este tipo de delitos da cuenta de que las tortugas testudo marginata y horsfield están protegidas por ese acuerdo internacional, reflejando además que otros ejemplares hallados en la vivienda de Cartelle, pertenecientes en concreto a la especie hermani boetgeri, tiene una protección singular ya que es una especie amenazada y en peligro de extinción. Se localizaron cuatro ejemplares de esta familia en esta operación. Se calcula que los 17 que se liberaron aquel día tendrían un valor económico superior a los 6.000 euros.

Además de la pena privativa de libertad la fiscala reclama en este asunto que el acusado, en caso de condena, quede inhabilitado durante cuatro años para desarrollar cualquier profesión u oficio relacionado con los animales, así como con el ejercicio de caza o pesca. Está previsto que en el juicio comparezcan, además del acusado, los agentes del Seprona que participaron en el dispositivo, así como numerosos testigos y expertos del Ministerio de Transición Ecológica.