El fiscal archiva la denuncia al exalcalde de Ourense por la urbanización de sus aceras
OURENSE CIUDAD
Pese a no ver indicios de delito observa un "enriquecimiento injusto" de Agustín Fernández Gallego
03 dic 2015 . Actualizado a las 01:59 h.La urbanización de las aceras en el lugar donde vive el exalcalde de Ourense, el socialista Agustín Fernández, fue una de las denuncias más mediáticas del anterior mandato. El PP llevó al fiscal el caso al entender que el exregidor había cometido un delito de prevaricación al financiarse las obras con fondos del Plan E, impulsado por Zapatero, pese a que él tenía la obligación de costear los trabajos. En un escrito del 1 de octubre, el fiscal jefe de Ourense decide archivar la denuncia al entender que no existe un «indicio racional de prevaricación o tráfico de influencias, en la medida en que no se puede probar una intencionalidad con carácter de dolo» en los miembros de la junta de gobierno local que dieron luz verde a la devolución del aval a Agustín Fernández Gallego.
Pese a optar por el archivo de la denuncia, el fiscal jefe incluye entre sus conclusiones el hecho de que el exregidor no ha hecho frente a su obligación de realizar la urbanización «produciéndose un enriquecimiento injusto porque las cantidades que tenía que pagar para realizar la urbanización fueron abonadas indebidamente por el Concello y la Administración local». De hecho, recuerda que el gobierno local tuvo que devolver un total de 83.000 euros.
La clave, en el año 2010
El caso de las aceras de Agustín Fernández vivió uno de los momentos claves para su desarrollo final en el año 2010. En una junta de gobierno del 15 de abril se aprueba devolver el aval de 10.633 euros que se había establecido en el año 1997, a cambio del permiso para urbanizar. De esa reunión, cuando en Ourense todavía gobernaba el bipartito PSOE-BNG, se ausentó Fernández Gallego aunque el propio fiscal indicó: «Sería ingenuo pensar que no existió algún atisbo de influencia en los miembros de la junta de gobierno cuando resuelven sobre una cuestión personal de uno de sus miembros, pero para que pueda existir un delito de tráfico de influencias tiene que existir una influencia directa». Por ello, el fiscal llega a la conclusión de que no existen indicios racionales de prevaricación o tráfico de influencias.