Falsificaba firmas y tramitaba cambios de empresa de energía eléctrica para cobrar la comisión
OURENSE CIUDAD
La implicada se conformó con dos años de prisión y pagará 600 euros a cada afectado
16 nov 2017 . Actualizado a las 14:03 h.El negocio estaba en las comisiones que las empresas de distribución de energía eléctrica pagaban por la labor comercial de quienes conseguían convencer a los clientes de una compañía para pasar a otra. A falta de una gestión efectiva y completa, para que los titulares decidieran la migración, la mera obtención de los datos particulares de algunas personas fue suficiente para que entre los años 2009 y 2012 se tramitaran varios cambios de manera fraudulenta, sin consentimiento de los titulares de los contratos afectados por los cambios. Por ese proceder delictivo ha sido condenada María José Martínez, de 41 años, que había trabajado como encargada de diversos comerciales para las empresas Regio Márketing y Combray Solutions, entre otras, que tenían entre sus encomiendas las de hacer contratos de servicios para la compañía Endesa.
Acusada de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, la implicada aceptó ayer su responsabilidad y se conformó con una pena de dos años de prisión y el pago de una multa de 4.320 euros, que le permitirá acceder a la suspensión de la condena y evitar así el ingreso en prisión. Inicialmente, la fiscalía proponía tres años de cárcel y una multa superior, de doce meses a razón de quince euros diarios, que le quedó rebajaba a doce euros de cuota por día.
Entre 2009 y 2012
Los comerciales que dirigía la acusada visitaron, según el relato de hechos al cual prestó conformidad y que será incluido en la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Ourense, a posibles clientes entre 2009 y 2012. Les pedían un recibo del suministro de energía eléctrica. Se hacían pasar por empleados de Unión Fenosa, donde la mayoría de las personas tenían contratado el suministro de energía eléctrica, para ofrecerles mejoras en el servicio. Obtenían de ese modo los datos personales de los titulares de los contratos, con los que, posteriormente, tramitaban la baja de la compañía Gas Natural para generar una nueva alta con la otra empresa, con el fin de cobrar la comisión correspondiente a cada uno de los nuevos clientes.
La irregularidad sería detectada por los afectados cuando se encontraron con las nuevas facturas y con que eran clientes de una empresa con la que no había tenido contacto alguno. Tanto las bajas como las peticiones de alta no fueron firmadas por los interesados, sino que las rúbricas se falsificaron para darle apariencia de veracidad. Ninguna de las doce personas que aparece identificada en el procedimiento penal había firmado ni dado consentimiento al cambio de empresa. Y aunque es probable que el número de afectados sea mayor, al menos once personas reclamaron y decidieron volver a su primer suministrador, con el consiguiente gasto, molestias y pérdidas de tiempo. La fiscalía cuantificó el perjuicio individual en seiscientos euros, que la acusada deberá entregar a cada uno de ellos como indemnización.