Las forenses dicen que la puñalada que recibió un joven que fue a comprar hachís en Ourense fue grave: «Podría haber muerto por asfixia»
OURENSE CIUDAD
Las acusaciones piden hasta diez años de cárcel para el presunto agresor mientras que el defensor reclama la libre absolución
14 jun 2023 . Actualizado a las 17:00 h.Visto para sentencia quedó este miércoles en la Audiencia Provincial de Ourense el juicio contra un presunto vendedor de droga de 25 años al que se acusa de haber acuchillado a un cliente tras discutir con él por el precio de 10 gramos de hachís. En la última sesión de la vista gran parte del interés se lo llevaron las dos forenses que hicieron el informe sobre las lesiones que tenía la víctima, un vecino de Madrid que estaba de vacaciones en la ciudad de As Burgas con sus amigos.
Las expertas explicaron que el perjudicado recibió una puñalada en el cuello que le afectó a la laringe y a las vías respiratorias. «Se le tuvo que hacer una traqueotomía urgente, la obstrucción de la laringe comprometía su vida, podría haber muerto por asfixia», aseguró una de ellas. A preguntas de las acusaciones dejaron claro que si no hubiese recibido asistencia sanitaria urgente, el resultado del incidente podría haber sido fatal. Interrogadas más tarde por el abogado defensor en relación a si la herida podría ser compatible con un suceso fortuito, mantuvieron que, en su opinión, lo más probable era que hubiese sido a causa de un apuñalamiento.
Tras declarar las peritos las partes pusieron sobre la mesa sus posiciones. La fiscala imputa al acusado un delito de homicidio en grado de tentativa por el que reclama una condena de siete años de prisión. A mayores, le atribuye otro cargo de tráfico de drogas, por el que pide veinticuatro meses más de privación de libertad. Los términos expuestos por la acusación particular, que ejerce la víctima, son idénticos en cuanto a los delitos, si bien por la puñalada sube hasta los ocho años de cárcel. La defensa pidió la libre absolución.
Ahora la última palabra la tiene el tribunal, quien antes de declarar el juicio visto para sentencia escuchó los argumentos de las partes. La representante del ministerio público, Isabel Cortés, considera que ha quedado probado que Ismael P. M. tenía «intención de causar la muerte» al perjudicado, ya que bajo de su casa con una navaja para encontrarse con sus clientes en el portal del edificio. También consideró clave que la puñalada se produjera en el cuello, una zona especialmente peligrosa. En relación al tráfico de drogas, admitió que no se habían incautado sustancias en el registro realizado en la vivienda del sospechoso, si bien recordó que un consumidor fue quien les dio a los amigos su contacto y les dijo que se dedicaba al trapicheo.
«No es creíble su versión de que quería darles el palo», dijo en relación a la declaración del acusado, que aseguró que no se dedicaba a vender estupefacientes y que si quedó con los chicos fue para engañarlos porque necesitaba dinero. La fiscala ve probado que lo que el acusado entregó aquel día era hachís y recuerda que en su casa se halló una libreta con anotaciones y la caja de una báscula de precisión.
La abogada de la acusación particular, Soledad Iglesias, también vio probados los cargos. En relación a la venta de estupefacientes, aseguró que «la gente conocía a Ismael como una persona que se dedicaba a la venta de estupefacientes» y en relación a la agresión reseñó la existencia de un «dolo absoluto». Así, dio por probado que el investigado bajó al encuentro con los clientes «con la droga y con una navaja» y recordó que de no ser por la rápida atención sanitaria que recibió su cliente «podríamos estar ante una situación mucho más grave».
La defensa, por su parte, discrepa de todo lo anterior. El letrado dice que no existe prueba alguno del delito de tráfico de drogas ya que, por un lado, no hay evidencias de la transacción económica. Además, recuerda que su cliente dijo que lo que les entregó a los chicos no fue hachís, sino restos de cenizas y basura, y relacionó este intento de engañarlos con la discusión posterior. Respecto a las lesiones de la víctima, las encaja en un forcejeo y sostiene que quien llevaba el cuchillo era el perjudicado.
Sobre la mesa quedan también importantes peticiones en materia de responsabilidad civil. La cantidad más alta es la que reclama el perjudicado, que supera los 70.000 euros. «El estrés que le produjo a mi cliente lo ocurrido le a va durar toda la vida», aseguró su abogada.