Tres rumanas sorprendidas por la Guardia Civil, multadas con 120 euros cada una
01 nov 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Abandonado como está el recinto del que durante años fue hospital psiquiátrico de Toén, fuera de uso y prácticamente desmantelado, no todo está perdido para los chatarreros. Tres mujeres de nacionalidad rumana, Bianca, Angelica y Mireia, fueron sorprendidas por la Guardia Civil en el recinto a mediodía del 17 de marzo del 2015. La cuadrilla dedicada a arrancar cable en el recinto era mayor en aquella ocasión, pero faltaban guardias para taponar todas las vías de fuga. Los agentes consiguieron retener a tres de las integrantes del grupo y a dos hombres que se encontraban en la zona, ourensanos, a quienes la fiscalía atribuía un papel determinante como animadores del hurto. El juez absolvió a estos últimos y condenó a las dos mujeres, con 120 euros de multa para cada una de ellas por un hurto en grado de tentativa.
Habían accedido al recinto, dice la sentencia, «con la intención de apropiarse de forma ilícita y sin previa autorización de los dueños o encargados del edificio, del cable u otro tipo de chatarra» existente en el antiguo psiquiátrico. Las denunciadas fueron sorprendidas cuando ya tenían en el suelo unos setenta metros de cable de tres centímetros de sección de telefonía, que habían arrancado y que abandonaron en su huida, sin conseguir llevárselo.
Al juez no le han servido las explicaciones de las acusadas y condenadas. Aseguraron que se habían desplazado hasta la zona de Toén para dedicarse a la mendicidad. De forma casual se encontraron con los otros dos denunciados, quienes supuestamente les preguntaron si «trabajaban la chatarra» y les ofrecieron, según detalla la sentencia, entre quince y veinte euros por recogerla para ellos. Sin apenas tiempo para apoderarse de cable o chatarra, apareció la Guardia Civil y «los denunciados les habrían dicho que corriesen, lo cual hicieron». Pero cayeron.
Cree el juez probable que ya conocieran el psiquiátrico de anteriores actuaciones e incluso que en el grupo hubiera personas con herramientas para agilizar el trabajo y estima que las excusas sobre el supuesto encargo por parte de los otros dos denunciados es «un mero intento de eludir su responsabilidad»
Entre la sanción económica, penas menores de cárcel e indemnizaciones
A estas tres mujeres de nacionalidad rumana las condena el juez de Instrucción 2 por hurto en grado de tentativa. «Los denunciados no llegaron a tener cierto poder de disposición sobre los objetos sustraídos, pues fueron detenidas in fraganti, cuando se hallaban dentro del edificio con parte del cable cortado para ser transportado, pero sin que conste que llegase a apoderarse ese día, u otros anteriores, de alguna cantidad de cable», dice la sentencia, que limita el castigo a una multa. En otro caso de cobre, visto en el juzgado de lo Penal 2 de Ourense días pasados, los dos acusados -también de nacionalidad rumana- se conformaron con la condena que les pidió el fiscal. Sorprendidos también por la Guardia Civil, con una motosierra con la que habían cortado los postes de Telefónica para hacerse con el cable, quedó el delito en hurto en grado de tentativa. Tres meses de prisión y 3.364 euros de indemnización.
Contactos con la comunidad de montes y con el Sergas para la limpieza del lugar
Cualquiera puede llegar hasta el abandonado complejo sanitario. Que la Guardia Civil hubiera identificado días antes de la intervención a los otros dos denunciados, que se presentaron durante el juicio como «gestores de residuos», entra dentro de lo normal. Que el 17 de marzo de 2015 los hubiesen visto tampoco extrañó a los agentes. Ni les sorprendió que estuvieran en las inmediaciones del hospital, ni que en el vehículo portaran «herramientas válidas para poder retirar y cortar el cableado», aunque, como dice la sentencia, lo cierto es que «no portaban cable alguno en el vehículo, se hallaban fuera del recinto y no consta que fueran ellos los que cortaran cable, ayudaran a cortarlo, o hubieran llegado a un acuerdo con las otras tres mujeres rumanas».
El juicio por aquel hurto, frustrado por la intervención de la Guardia Civil, muestra una indefinición de responsabilidades en el cuidado y atención del recinto del antiguo sanatorio. Los dos «gestores de residuos» sostienen que el día de su identificación iban a entrevistarse con el presidente de la comunidad de montes. Mantienen que días antes habían tenido contactos con otros comuneros e incluso «con algún cargo del Sergas para hacer una valoración de las instalaciones, a cuyo efecto se trasladaron al lugar varios días».
Las explicaciones resultaron suficientes para descartar responsabilidades penales, aun cuando la sentencia del juzgado de instrucción 2 de Ourense declara que los denunciados no poseían autorización, ni para entrar en el recinto, ni para llevarse cableado, ni tampoco chatarra. La mera presencia no es censurable.