La concesionaria y Verín rescinden la adjudicación de los radares tras dos años
VERÍN
El Concello aún no ha fijado el precio de la indemnización para la compañía que iba a instalar los controles de velocidad
07 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La instalación de radares en el casco urbano de Verín está cada vez más lejos. Dos años después de su adjudicación, la concesionaria -una unión temporal de empresas entre Veicar y Bilbomática- ha pedido la rescisión del contrato. La decisión llega después de que el concurso se resolviese por el grupo de gobierno en aquel momento, liderado por Juan Manuel Jiménez Morán (Partido Popular); y que desde entonces -con la llegada del bipartito- no haya habido movimientos. El actual gobierno, que lidera el socialista Gerardo Seoane, mostró desde un principio su rechazo a instalar los controles de velocidad en las calles de la malla urbana.
En una comunicación por burofax, la UTE renuncia a la instalación de los radares por la situación de parálisis actual en la instalación de las infraestructuras, bloqueada hace más de un año por el grupo de gobierno verinense. La situación «causa un perjuicio que la empresa no se ve obligada a soportar», según recoge el documento enviado por la empresa concesionaria al Concello.
En el escrito se solicita formalmente la resolución contractual basada en los términos del texto refundido de la ley de contratos del sector público. Invoca a esa legislación para fijar «la indemnización que procede en favor del contratista».
El regidor no concretó la cantidad que pondrá el Concello como indemnización a la UTE. Las condiciones de la adjudicación fijaban genéricamente esa cantidad en 600.000 euros, una cifra que -según confirmó Seoane- no ofertará el Ayuntamiento. No es descartable, por tanto, que una posible diferencia de criterios sobre esa compensación económica acabe en los tribunales.
En cuatro puntos
El proyecto contemplaba la instalación de radares móviles y fijos en las céntricas avenidas de Portugal, Luis Espada y Castilla; y en la carretera de Laza. Según el contrato, la adjudicataria recaudaría un 35,01 % sobre el importe de las sanciones. La previsión estimaba una recaudación diaria de 4.000 euros por multas (casi 1,5 millones al año), según manifestó el regidor. Seoane consideró que «no tenía sentido» la puesta en marcha de los radares. Argumentó que la remodelación de las calles donde irían los controles de velocidad harían «innecesarios» los aparatos. El bipartito apuesta, dijo, por ir «a la solución de reformas viarias para mejorar la circulación y la seguridad».
En su momento, Jiménez Morán justificó la instalación de los radares para evitar sucesos trágicos, como la muerte de un niño atropellado en la avenida de Laza.