La familia de Isabel Fuentes pide ante el Supremo que se revise la exoneración de la jueza

sindo martínez VERÍN / LA VOZ

VERÍN

Santi M. Amil

Solicita que declaren los agentes que investigaron el caso

13 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

La letrada de la familia de Isabel Fuentes -la mujer asesinada en el CHUO en mayo de 2015- presentó un recurso contencioso ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial de no abrir expediente sancionador contra la jueza instructora del caso, Victoria Fernández Viforcos.  

El punto básico de esta alegación es la petición de que se tome declaración a miembros de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Verín. El objetivo es que se incorporen esas testificales al expediente para poder demostrar la negligencia con la que actuó la magistrada, según la abogada Beatriz Seijo.

La Guardia Civil comunicó a la jueza en su momento sus sospechas que el marido de Fuentes, Aniceto Rodríguez, podía ser el autor de la agresión a la finada en la casa familiar en la aldea verinense de Pazos, ocurrida un mes antes de ser acuchillada en el hospital donde se recuperaba de las heridas de aquella primera agresión. Esas declaraciones de los agentes no fueron incluidas en la documentación que en su día fue analizada por el CGPJ. El órgano de gobierno de los jueces exoneró de responsabilidad a Fernández Viforcos.

Seijo matizó que el recurso no solicita directamente la imposición de una falta grave o muy grave contra la autoridad judicial. Tal y como define la ley, plantea que el Supremo inste al CGPJ a revisar el expediente y, en su caso, a que incorpore las pruebas y la documentación reclamadas ahora por la letrada.

La abogada aventuró que la resolución del Supremo, que aún no comunicó su admisión o no a trámite, no se conocerá hasta la segunda mitad de este año. Seijo fue rotunda al opinar que la desestimación del recurso supondría, «reconocer que la Justicia no funciona en España». Reafirmó su convencimiento de que la jueza no cumplió con su obligación de proteger la vida de Isabel Fuentes y que debe ser sancionada por ello.

En caso de una supuesta denegación por parte del Alto Tribunal a este recurso, la letrada estudiaría una posible iniciativa ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales -en este caso de la tutela judicial efectiva-. Los familiares de Isabel Fuentes han subrayado en varias ocasiones que acudirán si es necesario a instancias judiciales internacionales.

Tras cerrar la fase de instrucción, el juzgado de Verín remitió a la Audiencia Provincial el caso. No obstante, aún no se ha abierto el plazo para que las diferentes partes presenten sus escritos de acusación o defensa para Aniceto Rodríguez.

En mayo, Rodríguez cumplirá dos años en prisión provisional. Como normal general, la ley marca ese plazo como límite para la permanencia en prisión de un encausado que aún no ha sido juzgado. Sin embargo todo hace indicar en una posible prórroga del encarcelamiento ante la inminencia del juicio. «Por supuesto pediríamos inmediatamente la prórroga de su mantenimiento en prisión si llegase a ser necesario», avanzó la letrada de la familia de la mujer asesinada en el hospital ourensano.

La abogada asegura estar dispuesta a llegar al Tribunal Constitucional

si es preciso