Funcionarios de la cácel recogen firmas en Pontevedra exigiendo la dimisión del secretario general
20 nov 2021 . Actualizado a las 05:00 h.La indignación de los funcionarios de la prisión de A Lama con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, dejó atrás este viernes los barrotes de la cárcel pontevedresa para exponerse públicamente a las puertas de la Subdelegación del Gobierno. «La paciencia de los trabajadores llegó al límite a raíz del escándalo de la prisión de Villena», reseñaron, al tiempo que recordaron que dos días atrás la subdirectora de seguridad de este penal fue detenida por simulación de delito después de que, tiempo atrás, hubiese denunciado un ataque por parte de unos encapuchados, que, supuestamente, eran funcionarios implicados en una investigación por presuntos malos tratos a un preso enfermo mental.
Los funcionarios pontevedreses, que informaron de todo este incidente a los viandantes, lamentaron que «la difusión de las imágenes fuera de contexto, junto con supuestos mensajes de WhatsApp amenazantes y las noticias sesgadas facilitadas por Instituciones Penitenciarias a las agencias de noticias, desataron un linchamiento mediático contra los funcionarios de prisiones». Aseguran que «nada era cierto. Ni la supuesta agresión a la subdirectora, ni los mensajes amenazantes, ni que el preso referido fuera un enfermo, sino un sujeto muy peligroso reducido con los medios reglamentarios». De hecho, este mismo recluso intentaría degollar tiempo después a un jefe de servicios en la cárcel de Cuenca.
Los empleados públicos de A Lama reconocen que, como consecuencia de estos hechos, «la rabia se palpa en el ambiente en la prisión», así como lamentan que «no se recuerda un episodio de mayor degradación de la imagen de los trabajadores en la historia de la democracia». Es por ello que, al mismo tiempo que improvisaron un acto reivindicativo, que no fue comunicado previamente y en el que desplegaron una pancarta sin siglas sindicales, se recogieron firmas exigiendo el cese de Ortiz.
La intención de los convocantes es continuar con la recogida de firmas en el centro penitenciario para, una vez finalizado el proceso, entregarlas en la Subdelegación del Gobierno «para que el máximo responsable de prisiones calibre el absoluto rechazo a su gestión».