Es costumbre en muchas empresas premiar a sus empleados en diciembre. Imaginen a unos cargando con un jamón mientras otros salen con las manos vacías. Cada Navidad, la secretaría general de Instituciones Penitenciarias, juega a meter en un aprieto a los directores de prisiones. Ya que reciben generosos (y merecidos) complementos, les toca pringarse y repartir unas migajas, pero solo a algunos de los asalariados. Aunque el año anterior habían hecho una excepción obedeciendo a los tiernos sentimientos de que nos inundó la pandemia, han vuelto a las andadas.
Los criterios para el reparto abarcan conceptos tan etéreos como «que hayan destacado por su especial implicación», y se citan una serie de puestos que, al parecer, fueron esenciales en la lucha contra el covid, pero hubiera dado lo mismo si fuera contra la gripe aviar o una plaga de ratones. Todo esto se podría resumir en una sola frase: asignen 300 euros a unos pocos funcionarios a ver si así se pelean. Ese es el concepto que tienen nuestros mandos de nosotros.
Como estaba el horno para bollos, al centro directivo le pareció buena idea que trabajáramos durante una semana sintiendo el aliento de dos inspectores en el cogote. Para entendernos, son esos que en las películas llaman «asuntos internos».
Hasta ahora, la llegada de la inspección venía precedida por algún incidente a investigar. Esta vez, la única pista fue un intenso olor a pintura en los accesos, que en estas casas es indicativo de que alguna visita se acerca.
Después de molestar al personal con visitas a los módulos, oficinas y talleres; después de alabar las bonitas figuras que elaboran los presos en las actividades ocupacionales, fueron al grano: unos cincuenta internos acudieron a una entrevista personal. Podrían haberlos escogido al azar, pero resultaron ser los implicados en incidentes durante los últimos meses. Algunos de ellos, al regresar, sintieron la necesidad de sincerarse y contarnos algún detalle. Comentaron que entre cuestiones referentes a la calidad del menú y la potencia de la calefacción les preguntaban si los funcionarios les habían maltratado. Hablamos de personas que saben perfectamente como denunciar y tienen todas las facilidades para ello. No podemos asegurar que estuvieran diciendo la verdad, pero a estas alturas tenemos motivos suficientes para confiar más en la palabra de los presos que en la de la administración. A nadie se le escapa que la respuesta a semejante pregunta formulada a quien está resentido porque le han metido un parte, no le prestan una tele, o no le autorizan a comunicar con fulano, tiene poco crédito. Pero el mensaje que se transmite a la población reclusa es demoledor.
Lo cierto es que a los funcionarios encargados de resolver esos desórdenes regimentales no les preguntaron nada, como tampoco se interesaron por los compañeros que acabaron lesionados.
Muchos se sorprenden de que una persona común, sin medios coercitivos, pueda imponer su autoridad en un módulo lleno de presos. O de que la trabajadora social se enfrente sola en un despacho con reos de todo tipo de delitos, entre los cuales abundan los chulos y matones de diverso pelaje.
Uno de los pilares que sustentan este orden de cosas es el trabajo bien hecho por todos los profesionales implicados. El otro es la certeza de que, en nuestras actuaciones, contamos con el respaldo de la institución. Cuando esta falla, se instaura la ley de la selva, y estamos a un paso de salir por patas ante cualquier percance.
En A Lama, la gran mayoría de los trabajadores estamos hartos de estos y otros muchos desmanes. Por eso, en fecha próxima, presentaremos nuestras firmas en la Subdelegación del Gobierno para solicitar el cese del máximo responsable de las prisiones. Ese será nuestro aguinaldo.