La verdad sigue siendo revolucionaria
23 ago 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Guacamaya es un colectivo de activistas y hackers que lucha contra la corrupción y la injerencia extranjera en Latinoamérica.
Se dieron a conocer en marzo del 2022, cuando difundieron los supuestos delitos medioambientales y las violaciones a derechos humanos de la Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria del grupo ruso Solway. Los documentos filtrados revelan pagos a la Policía guatemalteca, que persiguió y detuvo a activistas y periodistas opuestos al proyecto minero en El Estor.
Pero además de obtener y publicar información, Guacamaya publicó un comunicado en el que explicaban el trasfondo ideológico de sus acciones —acabar con la explotación insostenible de los recursos de América Latina— y todas las herramientas necesarias para entrar en sistemas similares. Guacamaya no quería hackear sino concienciar y reclutar.
En septiembre de ese mismo año, difundieron hasta 400.000 correos del Ejército chileno que revelaban que su inteligencia militar espiaba a grupos ecologistas que protestaban contra la central hidroeléctrica de Rucalhue así como a otras organizaciones sociales.
De nuevo, emitieron un comunicado en el que justificaban su ataque basándose en que los ejércitos latinoamericanos «han garantizado y facilitado la entrada de empresas extractivistas […], son los guardaespaldas de dichas empresas». Y, cómo no, publicaron un vídeo explicando cómo habían completado el ataque. Para Guacamaya, el hacking solo era un medio para un fin político. Puro ciberactivismo.
Pero la mayor filtración de información aún estaba por llegar.
El 29 de septiembre del 2022, el periodista Carlos Loret anunció que había recibido 6 terabytes de información de la Secretaría de la Defensa Nacional mexicana. En los más de 4 millones de correos electrónicos, se desvelaba desde que el Presidente había mentido sobre su estado de salud hasta la colaboración de cierta parte de la Administración mexicana con el narco.
A pesar de no estar completamente de acuerdo con su lectura de la Historia y origen de los problemas de Latinoamérica, no puedo evitar sentir cierta simpatía por Guacamaya y la causa por la que lucha, pero —también— cierto conflicto ético. Las acciones de Guacamaya son una oportunidad para reflexionar sobre la existencia y límites de la moralidad en el hacking.
«La democracia muere en la oscuridad» (Lema del Washington Post)
Es verdad que están cometiendo un delito según las legislaciones chilena, mexicana y guatemalteca, pero con un «buen» fin. El problema de ese planteamiento es que puede llevar a la peligrosa deriva de considerarse más legitimado que cualquier otro para decidir qué está bien y qué está mal.
Y a tomarse la justicia por mano propia. Fiscales, jueces y verdugos sin ningún control ni responsabilidad sobre las penas impuestas o el daño causado a los condenados injustamente. Pero, en el caso de los ataques de Guacamaya, concurren una serie de circunstancias que podrían delimitar esa «zona gris» donde coinciden el sistema de valores de la ética hacker con la moral imperante en la inmensa mayoría de sociedades occidentales.
- Guacamaya no desvela información para dañar la reputación o privacidad de un tercero, sino para poder incriminarlo en un delito.
- Guacamaya no ataca a ciudadanos particulares sino a Administraciones Públicas o corporaciones que potencialmente puedan estar cometiendo un delito en connivencia con las primeras.
- Y, hasta ahora, Guacamaya no ha buscado el beneficio propio sino el bien común.
Es verdad que en esa búsqueda del bien común no deja de haber una colisión de derechos —como la privacidad— que Guacamaya vulnera. También que podrían haber entregado esa información a las Administraciones correspondientes para que investigaran judicialmente si se ha cometido un delito, pero ¿qué se debe hacer si esa información implica a las mismas? Por eso, no podemos juzgar las acciones de Guacamaya sin evaluar las consecuencias de las mismas:
- Las revelaciones sobre la mina de El Estor tuvieron difusión internacional gracias a la organización Forbidden Stories. El holding finlandés Outokumpu dejó de comprar a la compañía minera. Y el Comité Internacional para la Protección de Periodistas exigió a Guatemala retirar las demandas judiciales contra el periodista Carlos Ernesto Choc, perseguido por informar sobre las movilizaciones de la comunidad indígena contra los efectos destructivos de la mina.
- La filtración que permitió conocer los exorbitantes gastos de las Fuerzas Armadas Chilenas y su seguimiento a organizaciones sociales provocó la dimisión de Guillermo Paiva, Jefe del Estado Mayor chileno.
- En México, tras meses negando la veracidad e importancia de la información hackeada, el presidente López Obrador tuvo que reconocer que mintió sobre su estado de salud y ya hay un primer militar detenido.
Más allá de las consecuencias para los implicados, el mayor éxito de Guacamaya es otro: recordarnos a todos que toda Administración debe rendir cuentas por sus acciones y no hay mejor manera de conseguirlo que exigir total transparencia, esté quien esté en el poder.
Los europeos seguimos mirando con condescendencia a Latinoamérica mientras seguimos necesitando 5 años y tres sentencias judiciales para que un ministerio de Defensa informe sobre algo tan aparentemente inocuo como los pasajeros de los vuelos oficiales.
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