La acusación particular pide penas por más de diez años de prisión para Xosé Allegue La fiscalía no acusa al técnico contra el que se querellaron Javier Ramos y sus tres colaboradores
17 dic 2003 . Actualizado a las 06:00 h.?l conflicto interno que convulsionó el Consorcio de Santiago hace ahora dos años ha entrado en su recta final al emitir el Juzgado de Instrucción número 2 un auto mediante el que declara la apertura de juicio oral en el que el arquitecto Xosé Allegue Fernández, jefe de la oficina de supervisión y presidente del comité de empresa de dicho organismo, habrá de responder de la acusación formulada por el abogado de Javier Ramos Guallart, ex director de la Oficina de Rehabilitación, y los arquitectos Ángel Panero Pardo, Idoia Camiruaga Osés y Ramón Fernández Hermida. El fiscal no ha realizado acusación alguna contra Xosé Allegue. La acusación particular ejercida por Ramos Guallart y sus tres colaboradores en la Oficina de Rehabilitación solicita que se le imponga a Allegue la pena de más de doce años de prisión por cuatro delitos contra la intimidad, otros cuatro de calumnia y uno de injurias (este sólo por Javier Ramos), así como una multa. Por otra parte, el Juzgado número 2 ordenó al acusado el depósito de una fianza de 6.000 euros para asegurar las responsabilidades económicas que pudieran corrresponderle. Los hechos denunciados por Ramos y su equipo se remontan a principios de diciembre del 2001, cuando un escrito firmado por «un grupo de traballadores do Consorcio da Cidade de Santiago» difundió presuntas irregularidades internas en la Oficina de Rehabilitación. La realización de trabajos particulares utilizando medios del Consorcio, el acoso moral a otros trabajadores de la oficina, las faltas de asistencia o -sólo en el caso de Ramos- el acceso a material pornográfico a través de Internet, son algunas de las acusaciones vertidas en dicho escrito, junto a otras como las que enlazaban con las denuncias de actuación contra la libre competencia y la existencia de «listas blancas y negras» de profesionales que había formulado en marzo de 2001 el Colegio de Arquitectos de Santiago. Tales acusaciones se basaban presuntamente en numerosos documentos obtenidos en parte mediante el acceso a los equipos informáticos de la Oficina de Rehabilitación. Ramos Guallart y sus colaboradores acusan a Xosé Allegue tanto de acceder a sus ordenadores a través de la red informática del Consorcio como de difundir el escrito.