El 25 de agosto de 1994 el Concello de Santiago firmaba un convenio de colaboración con la Consellería de Sanidade para financiar la UMAD (Unidade Municipal de Atención a Drogodependentes). Desde entonces no hubo problemas, pero este año se ha producido una situación de «inseguridad jurídica», en valoraciones de Mar Martín, alcaldesa en funciones y edila de Servizos Sociales. Por eso desde el consistorio compostelano se insistirá en solicitar que la Administración autonómica asuma la parte asistencial del dispositivo.
En agosto del año pasado el convenio se renovó automáticamente, al no ser denunciado por ninguna de las partes. Contempla que la Xunta asume el 70% de 1.038.000 euros, y el Concello de Santiago el resto. Pero en junio de este año Sanidade firmó un nuevo concierto con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para regular esas ayudas. Y este documento contempla un descenso del 7% de los fondos. Mar Martín juzga inaceptable esa decisión: «¿Por qué no se esperó y se denunció el convenio para negociarlo de nuevo? Si ahora va a negociar la Fegamp en vez del Concello para nosotros es un problema», sostiene.
La edila considera «lógico» que Sanidade asuma estos centros «pues se trata de asistencia y la sanidad en España es pública y universal. Es un anacronismo mantener esta prestación en los ayuntamientos». Compostela se reunió con otros municipios que se encuentran en la misma situación, al ofrecer también asistencia a personas drogodependientes, y busca consensuar una posición conjunta. Santiago defenderá el traspaso de la competencia a la Xunta.
Mar Martín indica que el último año la UMAD atendió a 4.228 personas. De ese colectivo, 238 fueron inicios de nuevos tratamientos, 114 asistencia a recaídas, y 368 seguimiento de pacientes. Realizó casi 11.500 análisis para comprobar la adherencia al tratamiento y diversas tareas de desintoxicación. A mayores, agregó una importante labor preventiva.
Ese colectivo de usuarios pertenece a 40 municipios del sur de la provincia coruñesa, además de las comarcas pontevedresas de Lalín, A Estrada y zona de Pontecesures-Valga. Mar Martín afirma que los usuarios de Santiago son minoría «por lo que no puede costear nuestro Concello en solitario una asistencia tan amplia», indica.