Lizbeth Rosas, diputada en el distrito federal, impulsa una propuesta de contrato matrimonial que habían patentado en 1998 el psicólogo gallego jesús Reiriz y la abogada mercedes de la puente, que denuncian la copia
20 nov 2011 . Actualizado a las 06:00 h.«En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Quinta Legislatura trabajamos por su derecho a vivir feliz...». Esto afirma la voz femenina del contestador telefónico de dicho organismo, en México, antes de dar paso a la llamada. Esa felicidad, protagonista el pasado verano de la publicidad de unos grandes almacenes, prometida en esta campaña electoral por algún político y recogida como un derecho de los ciudadanos en la Constitución de Estados Unidos, es la que buscan un hombre y una mujer cuando contraen matrimonio. A veces, cada vez con más frecuencia, lo que encuentran es otra cosa y el matrimonio se rompe.
El psicólogo coruñés Jesús María Reiriz Rey y la abogada Mercedes de la Puente Formoso habían inscrito en el registro de la propiedad intelectual el Modelo Reiriz de contrato matrimonial renovable bianualmente (desarrollo y formato de este documento privado), dice el texto de dicho registro, fechado el 20 de febrero de 1998.
Hace unos días, estos profesionales descubrieron con sorpresa que una diputada de la Asamblea del Distrito Federal de México, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, había presentado una iniciativa legislativa en la que se proponía justamente «el matrimonio renovable a los dos años». De hecho, el borrador de la propuesta ya ha sido enviado a los componentes de dicha asamblea para su estudio previo a la correspondiente votación. Esta diputada del Partido Revolución Democrática (PRD) argumenta que ha propuesto la medida para tratar de frenar la sangría de divorcios que se están produciendo en México. Y es que en los últimos dos años en el distrito federal han contraído matrimonio unas 33.000 parejas de las que en la actualidad casi la mitad, más de 16.000, ya se han separado, en la mayor parte de los casos con un hijo de por medio.
Mercedes de la Puente y Reiriz sostienen que han iniciado una serie de gestiones para que se les reconozca la propiedad intelectual de esta iniciativa. Así, además de hablar personalmente con la mencionada diputada mexicana, se han dirigido a María Palacios, adjunta del Consulado de España en la capital mexicana: «en calidad de ciudadanos españoles, con la finalidad de solicitar su mediación, para hacer prevalecer nuestros derechos en México». En concreto, piden a los responsables del consulado que desde este «se proceda a apercibir urgentemente a la Asamblea Legislativa Mexicana de la existencia de unos derechos de propiedad intelectual sobre la materia que deben ser respetados».
En parecidos términos Jesús María Reiriz y Mercedes de la Puente se han dirigido al presidente del Gobierno en funciones, Rodríguez Zapatero, para pedirle «su mediación para que a través de la Embajada Española en México» advierta de sus derechos de propiedad intelectual. «Lo que queremos es que se reconozca que esto es de aquí, que es español, y suponemos que esta mujer habrá actuado de buena fe», indican. De la Puente y Reiriz consideran que su iniciativa «nunca fue bien entendida porque todo el mundo se quedó en el chiste de los dos años del contrato, y tiene mucho más calado». En esta línea, recuerdan que en el momento de plantearla «se trataba de que el legislador diera un paso adelante y diera carácter de ley a este contrato privado hecho ante notario», y apuntan que en aquel momento ni siquiera estaban reguladas en España las parejas de hecho. Fueron 23 parejas, «la mayoría de ellas gallegas», las que en su momento participaron en lo que llaman «un ensayo social». Explican asimismo que «tal concepto y documento están basados en lo que se denomina contrato de contingencias, aplicable en los conflictos de pareja por psicólogos clínicos», y para ello la abogada «le dio una forma jurídica, de tal modo que pudiese resultar de utilidad para acreditar y regular las relaciones de pareja». Mercedes la Puente y Jesús Reiriz consideran que «cada uno es el arquitecto de las relaciones de su propia pareja» y destacan que en su propuesta están contenidos aspectos que son motivo de controversia cuando se producen los divorcios, como es «la pensión compensatoria para el cónyuge que quede en peor situación». Defienden asimismo que la existencia de este contrato obliga a la pareja a revisar frecuentemente cómo va su relación, con el fin de que nos se rompa, «en tres aspectos que son fundamentales: la afectividad, la sexualidad y la comunicación». Concluyen que el problema de crisis de la pareja «es la desidia, la falta de cuidado del otro».