El juez imputa a otros 22 cargos del ADIF, incluidos los tres últimos presidentes
SANTIAGO
Aláez estima que los responsables consintieron o no impidieron la disminución de los sistemas de seguridad de la vía con una «indebida e ilegal decisión»
26 sep 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El juez encargado de la instrucción del accidente ferroviario de Angrois está decidido a seguir imprimiendo a la resolución del caso un alto ritmo y no detenerse ni a esperar que la Audiencia Provincial decida sobre los recursos contra su anunciada intención de imputar a altos cargos del ADIF y sus antecesores, así como a los consejeros actuales y recientes del consejo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Antes de obtener una respuesta jurídica a esa voluntad de asignar responsabilidades por el que considera bajo nivel de seguridad de la vía, el magistrado Luis Aláez dio ayer el paso de imputar a 22 altos cargos, sumándolos a los cinco responsables de seguridad del ADIF ya imputados con anterioridad y al maquinista del Alvia siniestrado.
Con su decisión, Aláez salpica a parte de la cúpula actual del Ministerio de Fomento, incluido en el círculo más próximo a Ana Pastor, como Gonzalo Ferré Moltó, actual presidente del ADIF; a Julio Gómez-Pomar, presidente de Renfe, pero en su condición de miembro del consejo de administración del ADIF; a Manuel Niño González, secretario general de Infraestructuras; a Miguel Pozo, director general de Ferrocarriles, y a Alicia Portas, jefa de gabinete de la ministra de Fomento, igualmente en su condición de vocal del mismo consejo que los anteriores.
La misma responsabilidad es atribuida a prácticamente los mismos cargos bajo mandato del ministro José Blanco, al ser ese el momento en el que se puso en marcha la línea que accede a Santiago.
Decisión cuestionada
Las razones para imputar a las 22 personas que tendrán que declarar entre el 9 de octubre y el 11 de diciembre, Aláez las encuentra básicamente en haber consentido o no haber impedido la disminución de los sistemas de seguridad de la vía al pasar del ERTMS, que hubiera frenado el tren ante un fallo humano, al modelo ASFA, que a su juicio deja la integridad del transporte en manos únicamente del maquinista. Fue «un vacío de previsión», o «no se exigió o adoptó ninguna medida de seguridad adicional, debiendo o pudiendo hacerlo, según la normativa en vigor y la tecnología disponible», indica el juez que «es lo que es objeto de reproche, ya que sobre las personas del ADIF pesa el deber normativo de garantizar la seguridad en la circulación sobre cualquier otro objetivo del sistema ferroviario».
Por ello, el juez instructor concluye que rebajar el nivel de seguridad de la vía «es indebida e ilegal decisión», extremo que no observa en cambio en el tren, que rebajó igualmente sus sistemas de control.
El ADIF anunció ayer un recurso contra el nuevo auto, que se sumará a otros individuales de cada imputado, y los ya presentados, 29 en total, que podrían prolongar el proceso de instrucción del accidente.