El TSXG observa «abuso de confianza» e «importante» la participación de la directora de la UMAD en las adjudicaciones
13 nov 2013 . Actualizado a las 07:00 h.«Ya sabía que esto podía pasar». Así valoró ayer Pilar Bermejo, directora de la Unidade Municipal de Atención ao Drogodependente (UMAD), la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que le da la razón al Concello en relación con la procedencia de su despido en octubre del 2011. Bermejo indica que «aún no he recibido ninguna comunicación» por parte de la Administración local y que seguirá en su puesto «hasta que quiera el Concello». Ahora «son ellos los que tienen que decidir» y «yo, aceptar lo que hay, que es mi despido porque la segunda sala le da la razón al Ayuntamiento».
Contra este segundo fallo se puede interponer recurso de casación, pero Pilar Bermejo afirma que todavía no ha decidido si acudirá al Tribunal Supremo: «No lo sé, yo sabía que esto podía pasar. Cuando vas a un juicio puede pasar cualquier cosa». Lo que sí aclara es que «nunca cobré el salario de tramitación, que era algo más de cien euros diarios, unos 68.000 euros; por tanto, no tengo nada que devolver». Y no pudo cobrarlo porque el Ayuntamiento no llegó a satisfacer esa cantidad toda vez que decidió recurrir la sentencia que consideró improcedente el despido de Bermejo.
Raxoi esperaba a la deliberación de un órgano superior para resolver ese pago, si fuese el caso. Y ese órgano ha resuelto que el despido es procedente, por lo que no cabe el abono de los salarios de tramitación por el tiempo en que Bermejo estuvo alejada del Concello, el que medió entre su despido y la readmisión que decidió asumir el Ayuntamiento tras la primera sentencia favorable a la directora de la UMAD.
Una sentencia que recurrieron tanto Bermejo como el Ayuntamiento. Este por no estar de acuerdo con el fallo en primera instancia de un juzgado de lo Social de la ciudad y la trabajadora municipal por otras cuestiones que desestimó el TSXG. En concreto, el alto tribunal gallego resuelve en relación a las alegaciones de Bermejo que el Concello no violó ningún derecho fundamental en la obtención de pruebas en relación al expediente disciplinario que se abrió a la trabajadora y que tampoco hubo indefensión por parte de esta durante su tramitación.
«Abuso de confianza»
Por contra, el tribunal dice no compartir las apreciaciones de la juzgadora en primera instancia y señala que «no le cabe duda» de «la importante participación de la actora en las adjudicaciones de las contrataciones» por las que el Concello le abrió expediente y resolvió su despido. Y no le cabe duda «habida cuenta de que informaba sobre la solvencia técnica de las entidades concurrentes, primer filtro, si se quiere, para lograr el fin de la contratación (...), materializándose, con posterioridad, la contratación de la empresa Chisem, donde trabajaba el hijo de la actora y ella misma actuaba como docente». El TSXG estima que en este caso «se dan los supuestos de transgresión de la buena fe contractual, abuso de confianza y prevalencia de cargo público que hacen que el recurso de suplicación del Concello sea estimado».