Desde el año 2003, Falemos recibía anualmente una subvención de Traballo e Benestar con la que contrataban a un administrativo para que gestionase las ayudas y se hiciese cargo de los trámites necesarios para organizar los campamentos. Recibían, al principio, 20.000 euros anuales, y después, 17.000. Los primeros años no tuvieron problemas porque las ayudas llegaban con puntualidad, pero luego empezaron a retrasarse. Además, la tramitación se tuvo que adaptar a la UE, que obliga a estas entidades a adelantar las cantidades que perciben de las subvenciones, algo que la directiva de Falemos critica porque, «si somos entidades sin ánimo de lucro, ¿cómo vamos a tener fondos para hacer frente a esos pagos?».
El caso es que Falemos, de acuerdo con el trabajador, retrasó cuatro meses el pago de la nómina a su empleado, hasta que se les ingresó el dinero. Y ahora les llega una reclamación de la Xunta para que lo devuelvan. «Primero nos pedían los 4.600 euros de esos cuatro meses, pero por la presión de las asociaciones, ya que no nos pasó solo a nosotros, lo bajaron a 1.700 euros». Ahora se ven en la obligación de recaudar dinero entre todos los socios para hacer frente a la multa. Ellos no niegan que la situación fuese irregular, pero se quejan de que «no se mira con el mismo celo a las empresas que están meses sin pagar a sus trabajadores». La Xunta es tajante al respecto: «No podemos permitir que no se respete la legislación laboral». Y los padres responden: «La administración es la primera que no paga en tiempo y forma».