El número de beneficiados de la risga en la provincia de A Coruña bajó un 38 % en el 2021
SANTIAGO
Frente al descenso de perceptores, las solicitudes se incrementaron un 8 %
29 ago 2022 . Actualizado a las 09:02 h.La situación de crisis sanitaria con motivo de la pandemia vino acompañada de la caída del volumen de perceptores de la renta de inclusión social de Galicia, una tendencia que, según la última memoria publicada por la Consellería de Política Social, se mantiene. Y es que en el 2021 el número de beneficiados de la risga cayó un 38,15 % en el conjunto de la provincia de A Coruña, desde los 2.459 que había en el 2020 hasta los 1.521 con los que se cerró el 2021. Un alcance de la ayuda mucho menor que el registrado antes del covid, pues en 2019 eran 2.932 las personas que la recibían.
Por el contrario, mientras el recorte en el acceso a la renta de la Xunta se reduce, el número de solicitudes tiende a incrementarse, concretamente en un 8,41 %, al registrar 1.960 peticiones en 2021 frente a las 1.808 del año anterior. Una situación que comparte toda la comunidad, con la excepción de Ourense, aunque es en la provincia de A Coruña donde tiene mayor incidencia.
La brecha de género en los datos de beneficiarios también se acentúa, puesto que de los 1.521 perceptores de la ayuda en el 2021, un 60,49 % eran mujeres, concretamente 920. Frente a estas cifras, hay 601 hombres, representando el 39,51 % restante. Una diferencia que se acrecienta notablemente al comparar los datos con el ejercicio anterior, ya que en 2020 cobraban la risga 1.445 féminas y ellos suponían poco más de mil (1.014), lo que en términos de porcentaje supone, respectivamente, el 58,76 % y el 41,24 %.
A Coruña, a la cabeza
En cuanto a la distribución por concellos, A Coruña vuelve a encabezar la lista de los municipios con mayor volumen de beneficiarios, con 700 perceptores que suponen, sin embargo, un descenso del 35,78 % con respecto a los 1.090 registrados en el 2020. Frente a la urbe coruñesa, que concentra casi la mitad de beneficiarios de la renta autonómica (un 46 %), le sigue a bastante distancia Ferrol, que con 154 tiene el 10,12 % del total. Por su parte, en Santiago, que se sitúa como la ciudad gallega con menor número de beneficiarios de la prestación, Política Social computa 107 personas, que suponen el 7 % del total en la provincia.
Por detrás de las grandes ciudades, algunos municipios de más de 20.000 habitantes registran un volumen elevado de beneficiarios de la risga, como Carballo, con 56; Arteixo, con 55 o Narón, con 49. Sin embargo, estas cifras suponen un descenso, pues en el ejercicio anterior, en Carballo se prestaba la ayuda a 101 personas, mientras que en Arteixo y Narón eran, respectivamente, 89 y 75 los perceptores.
Veinticinco concellos sin beneficiados
Entre los concellos más pequeños, sobresalen Boiro con 15 usuarios y Sada, donde se contabilizan 14. Ya por debajo de los 10.000, son Cedeira y Cee, con 21 y 17 beneficiados, los municipios donde la renta social tiene mayor presencia. Un volumen que se aleja de las cifras de Curtis —que notifica 5—, el tercero con más perceptores. Asimismo, se multiplican los concellos sin perceptores, que pasan de los catorce registrados en el 2020 a los veinticinco durante el año pasado. Se trata de Betanzos, Abegondo, Aranga, Ares, Arzúa, A Baña, Cabanas, Carnota, Cerceda, Cerdido, Coirós, Frades, Irixoa, Lousame, Mañón, Mazaricos, Moeche, Outes, Paderne, Ponteceso, Santiso, Sobrado, As Somozas, Toques y Trazo.
Para los que sí ingresan la risga, la resolución de los trámites se dilató en el tiempo. La media de espera fue de 168 días —98 si se descuentan los períodos en los que los expedientes están paralizados—, frente a los 127 días en el 2020, que representan un incremento interanual del 32,28 %. Una demora que supera la media gallega de 145 días y que sitúa a la provincia a la cola.
Hombre, soltero, desempleado y con estudios: así es el perfil de los que solicitan la ayuda
El perfil de los beneficiados en la comunidad gallega tampoco cambia. Persona de entre 45 y 65 años, predominantemente mujeres, solteras y desempleadas, que viven solas o con su familia nuclear, en zona urbana y en un piso de alquiler. El tipo de perceptor presenta alguna diferencia en la provincia de A Coruña, pues los que reciben la ayuda se corresponden, generalmente, con hombres mayores de 55 años (son el 40,43 % de los destinatarios de esta renta de inclusión), con un piso como propiedad y sin pareja.
En cuanto a los estudios, la mayoría cuenta con formación primaria —un 42, 26 % la acabaron mientras que un 28,24 % la tienen incompleta— y con experiencia laboral, pero se encuentran en una situación de desempleo (suponen en términos de porcentaje el 87,59 %). Precisamente, la falta de una oportunidad laboral es la principal problemática para el 87,51 % de las personas que recibieron la paga en el 2021 en A Coruña.
La incompatibilidad con el ingreso mínimo vital motivó el descenso del alcance de la renta autonómica
El descenso en el alcance de la renta autonómica no implica una reducción del número de personas en riesgo de exclusión social, sino que guarda relación con la concesión de otro tipo de rentas. Así, la percepción de otra pensión, que dejó sin cobertura al 18,58 % de los hombres y al 18,74 % de las mujeres en la provincia, fue uno de los principales motivos señalados por la Xunta para denegar las solicitudes. La concesión del ingreso mínimo vital (IMV) juega un papel clave en este sentido. Y es que la aprobación de la ayuda gestionada por el Gobierno central en el 2020 vino de la mano de la reducción del volumen de beneficiarios de la renta autonómica, pues son prestaciones económicas que persiguen el mismo objetivo, por lo que no se pueden percibir a un mismo tiempo.
Sin embargo, desde el gabinete de Política Social aseguran que el ingreso mínimo vital no cumple las expectativas, ya que la prestación de la Xunta mantiene el 63 % de usuarios que tenía en el año 2020, «cuando lo natural sería que estos beneficiarios transitaran al IMV». Esto se debe, según señala la Consellería, a las dificultades que «existen en el acceso y tramitación de la ayuda estatal».
Reducir la burocracia y acelerar los trámites, claves en la lucha contra el riesgo de pobreza
La tendencia de descenso en el número de perceptores de la risca por la prestación de otras ayudas que son incompatibles no pilla por sorpresa a Xosé Cuns, director de la Rede Galega contra a Pobreza (EAPN Galicia, por sus siglas en inglés). «O principal motivo é a concesión do ingreso mínimo vital que, a pesar da súa posta en marcha acelerada, con moita descordinación e aínda que non chega a toda a poboación á que debería chegar, está supoñendo que haxa xa case dúas ou tres perceptoras do ingreso mínimo vital máis que da risga en Galicia».
Sin embargo, Cuns considera necesario prestar especial atención a colectivos como «as familias monoparentais, as familias con nenos e persoas dependentes, migrantes en situación irregular que non entran no ingreso mínimo». Por ello, solicitan la modificación de la Lei de Inclusión para que cubra a esta parte de población. Un cambio con el que, en su opinión, «deberían subir as cifras de perceptores para recoller esas persoas que non poden recibir a axuda estatal».
A pesar de la pandemia y según los datos que manejan, «o volume de persoas en risco de pobreza e exclusión en Galicia reduciuse entre o 2020 e o 2021, polo ingreso mínimo vital, os ERTE e a risga que se seguiu percibindo e, sobre todo, pola tarxeta básica». Para el director de EAPN Galicia esta medida fue clave. «Sen apenas burocracia, coa autorización dos servizos sociais, no prazo dunha semana case 35.000 familias en situación de pobreza severa podían mercar nos comercios».
Por lo tanto, en cuanto a la demora en la resolución de las solicitudes para la risga, Cuns es claro: «A burocracia extrema é o gran problema, é a que obriga ás persoas a estar de mostrador en mostrador en vez de poder estar buscando traballo». Una problemática que «mentres non se afronte, é moi limitado o éxito que se pode ter na loita contra a pobreza», defiende.