PP y CA tumban la nueva ordenanza de plusvalías de Santiago y piden bonificaciones
SANTIAGO
El gobierno, obligado a adaptarla a la normativa estatal, tendrá que negociar ahora
13 sep 2022 . Actualizado a las 05:00 h.El gobierno municipal se dio ayer de bruces contra la mayoría plenaria de la oposición. Hasta el punto de que tendrá que reformular la propuesta de ordenanza de las plusvalías, la que regula el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. El Concello ha de adaptar la actual a las directrices del real decreto promulgado por el Gobierno a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional de octubre del 2021 que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de determinados preceptos de la normativa que regula ese impuesto. Y así lo hizo el ejecutivo local.
Aunque con el plazo dado por el Gobierno vencido, como recordó la oposición, los socialistas presentaron la nueva ordenanza a la deliberación del pleno ayer, pero se encontraron con el rechazo de la oposición a su propuesta, con lo que el nuevo texto se quedará de momento en el tintero. Las cuestiones fiscales precisan una mayoría absoluta de la que carece el equipo de Xosé Sánchez Bugallo, que ayer se enfrentó a la clara negativa del PP y de Compostela Aberta (CA). El BNG optó por la abstención, aunque no decide mayorías en este mandato.
El rechazo, sobre todo el de CA, sorprendió en las filas socialistas, y más cuando ni esa formación ni el BNG plantearon sugerencias cuando se les remitió el borrador, aunque las recientes declaraciones públicas de CA cuestionando que la ordenanza no contemplase bonificaciones, cuando el real decreto sí las admite, ya hacían presagiar una posición crítica por parte del grupo que lidera Marta Lois. La ordenanza mantenía el tipo actual (22 %), pero la oposición en su conjunto echó en falta estudios económicos y que no se aprovechasen las posibilidades bonificadoras que permite la normativa. El gobierno no estaba por asumir nuevas bonificaciones cuando estima que la recaudación este año descenderá unos 700.000 euros.
Es la cifra que aportó la edila de Facenda, Marta Abal, aunque no le valió a los populares, quienes cuestionaron que con la inflación en dos dígitos y la subida de precios, el gobierno haya optado por aplicar lo máximo por las plusvalías y sin bonificaciones. «Só pensan na voracidade recadatoria», dijo Ramón Quiroga, después de que María Rozas (CA) criticase a los socialistas que no aprovechasen las bonificaciones que permite el real decreto para «aportar un mínimo de progresividade fiscal na ordenanza». El BNG lamentó que no se hiciese una valoración a fondo para contemplar bonificaciones, pero, por lo demás, no se opuso a lo que entendía que era una transposición normativa.
«Teremos que seguir co que temos de momento», asumió el alcalde tras la votación, aunque ya durante el debate dejó caer que «o virus electoral ten efectos terribles», en alusión a la proximidad de las elecciones municipales.
Todo apunta a que el gobierno de Sánchez Bugallo tendrá que negociar ahora con la oposición, aunque Abal afeó a CA y BNG que no expresasen sus consideraciones cuando se les remitió el borrador. La cuestión ahora es qué pasa con el cobro del impuesto. Abal pedirá un informe a la asesoría jurídica para mayor seguridad, aunque sostiene que el Concello puede seguir liquidando ese impuesto en base al régimen transitorio de la transposición normativa. De hecho, ahora sigue autoliquidando.