Quince entidades rechazan la «amnistía» a las VUT y piden al Ayuntamiento de Santiago que rectifique

El gobierno municipal llevará este jueves a aprobación del pleno la modificación de los usos del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), una revisión del planeamiento general que regula la implantación de las viviendas de uso turístico (VUT) fuera del casco histórico, donde están prohibidas por su plan especial.

Y lo hará con la incertidumbre ahora mismo del voto de Compostela Aberta (CA) y con la crítica de los dos sectores confrontados en los últimos años ante esa regulación: Aviturga, la asociación de propietarios de VUT, que reclama el reconocimiento municipal de todas las viviendas dadas de alta en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT); y Prevituga, plataforma integrada por quince entidades y que respalda la regulación del sector promovida por el Concello, pero que en los últimos días ha alzado su voz, y con gran enfado, contra la futura regularización que ha anunciado el gobierno local a través del desarrollo de una ordenanza cuando la revisión sea respaldada por el pleno.

Prevituga (Plataforma para la Regulación de Viviendas Turísticas) cuestiona una regularización que pone en marcha «un proceso de amnistía que va más allá de lo jurídicamente defendible, al incluir a propietarios que ni siquiera se habrían molestado en acceder al REAT», y que «cede a las presiones y expectativas de quienes solo buscan su beneficio económico y desprecian el modelo de ciudad anhelado por la práctica totalidad de compostelanos».

La plataforma sostiene que eso no es lo que se le transmitió en los contactos que ha mantenido hasta ahora con el Concello y considera ese cambio de rumbo una «traición» a la ciudad y a quienes «depositaron su confianza» en el gobierno local, y expresamente a todos los sectores que consideran perjudicados por la proliferación de ese tipo de alojamientos, demandantes de alquiler, estudiantes, sector turístico y consumidores. Así lo denuncian en un comunicado en el que piden al gobierno local que rectifique y que suscriben Unión Hotelera, Hostelería Compostela, Hostaleria.gal, Asociación Erasmus de Galicia, la Asociación Galega de Inmobiliarias, la Asociación para el Turismo Sostenible de Galicia, la Asociación Pazos de Galicia, la Unión de Consumidores de Galicia, las asociaciones vecinales Barrio Xardín y Raigame (Ensanche), Fonseca (casco histórico), Nuestra Señora de Belén (Vite), la Asociación de Apartamentos Turísticos de Galicia y miembros de la USC. También se ha sumado la asociación vecinal Porto do Cabo, de la zona de Valdoviño.

Pero si la regularización ha enfadado a Prevituga, tampoco contenta a Aviturga, que ha mantenido un duro pulso con el gobierno en defensa de la legalidad de las VUT del REAT, una legalidad que Raxoi niega a las que carecen de licencia municipal, la práctica totalidad: solo la tienen 36.

Aviturga reclama la regularización de las VUT registradas, también las del casco viejo, y afirma que la regularización fuera de ordenación beneficiará a «los grandes tenedores de capital inmobiliario» frente a las VUT en manos de pequeños propietarios. Al quedar fuera de ordenación, el cambio de titular supondrá el fin de la actividad, una limitación que solo afectaría a las viviendas propiedad de personas físicas, según ese colectivo, mientras que indultará, dice, a las empresas, a las que basta con «manter o CIF».

CA no define su posición hasta tener más datos de la ordenanza

La regularización expresa de las VUT no depende del pleno de este jueves, sino de una ordenanza posterior, aunque CA quiere conocer su borrador antes de posicionarse sobre la revisión del PXOM. Esta formación es clave para que prospere la modificación y la ha avalado hasta ahora, pese a entender que es mejorable. «É imprescindible unha regulación aínda que non sexa a mellor posible», defendía en noviembre. Pero ayer apuntaba que quiere conocer las claves de esa ordenanza, que entiende que debería «corrixir» de alguna manera la «inseguridade» en que la actitud de la Xunta dejó a muchos propietarios. «Se se vai tramitar unha ordenanza complementaria que modifica o sentido do que vai ao pleno, o lóxico sería coñecer o seu contido», exponen

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