Concello de Santiago y Xunta evitan responsabilizarse del ascensor que necesita una mujer ciega de 88 años para salir de casa
SANTIAGO
Desde Raxoi culpan al IGVS de que una deuda bloquea la subvención que permitiría a la comunidad de vecinos sufragarlo, mientras que el organismo autonómico defiende que los pisos no son de su propiedad
24 sep 2023 . Actualizado a las 20:32 h.El ascensor que Fina González Vigo necesita para poder salir de su piso del número 2 de la plaza de León, en Santiago, sigue alejándose. La subvención que la comunidad de vecinos solicitó al Concello para instalarlo llegó denegada, culpando Raxoi al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) por una deuda pendiente que, paradójicamente, no pertenecía a ninguno de los dos pisos que tiene a su nombre en el bloque. Por el momento ambas instituciones evitan responsabilizarse de lo ocurrido mientras los vecinos, la gran mayoría de avanzada edad y de bajos recursos, comienzan a asumir que, sin la ayuda, no podrán instalarlo.
El Concello de Santiago culpa al IGVS de lo ocurrido porque «como consecuencia das débedas desta entidade co Concello (aínda que non estean asociadas a esas vivendas), as súas solicitudes son declaradas non aptas». Explican que notificaron al organismo dependiente de la Xunta el 18 de julio de este año de su «condición de debedor», porque, dicen, dejó sin pagar tasas de agua, saneamiento, depuración y basura, así como tasas de entrada de vehículos y reserva de aparcamientos. Reconocen, eso sí, que pagó la mayor parte de los recibos pendientes del IBI tras la citada notificación.
No es la misma versión que esgrime el IGVS, que afirma que las viviendas del barrio de Pontepedriña no son de su propiedad. Explican que se tratan de pisos de promoción pública y que, en el momento en que los adjudicatarios pagaron la última cuota, pasaron a pertenecerles: «Esas vivendas son propiedade do adxudicatario, pero aínda está pendente o procedemento de escriturar o inmoble a nome do seu propietario». Defienden también que, la deuda del IBI le corresponde a los dueños de las viviendas y no a ellos.
Sin margen
Desde Raxoi indican que, al tratarse de una ayuda en especie, todos los miembros de la comunidad deben estar al corriente de sus pagos con Hacienda, Atriga y Concello, y aseguran que «non é posible dilatar máis os prazos». Desde la Xunta responden que en estas subvenciones es la «Administración local a que establece os criterios de concesión» y afirman que en el caso de las gestionadas por el IGVS «non se denegan axudas a comunidades por débedas dun propietario».
La alcaldesa, Goretti Sanmartín, llevará este tema a la reunión que tendrá el 2 de octubre con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. La solución para Fina González tendrá que esperar.
Más afectados
El lamento de Rufina, como la conoce su gente, no es el único de este bloque. «Hai dúas persoas máis que son moi dependentes. Unha delas ten unha perna ortopédica e outra está operada do corazón. Estes son pisos antigos, foi unha promoción de vivenda pública dos anos 70 e vive xente moi maior, moita con poucos recursos, e precisan dunha maior accesibilidade para continuar coas súas vidas», destacaron desde la comunidad de vecinos del número 2 de la plaza de León.
«No puedo hacer nada, pero podría charlar, hablar con gente. Y hasta podría volver al taller de memoria de la ONCE». Así se mostró Fina González cuando denunció por primera su dramática situación. Desde la comunidad de vecinos temen que su realidad no cambie: «Se os requisitos para outras axudas son os mesmos é moi probable que, se volven a saír, non podamos optar a elas».