El pacto presupuestario tripartito de Santiago aparca objetivos prioritarios por discrepancias
SANTIAGO
La Casa da Xuventude y la operación del Peleteiro, entre las ausencias
15 ene 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El pacto presupuestario suscrito por el gobierno bipartito BNG-Compostela Aberta y el PSdeG-PSOE ha dejado al margen, por ser motivo de discrepancia, varios asuntos que han sido considerados de absoluta prioridad por estos mismos grupos políticos en corporaciones anteriores y en los programas electorales que presentaron a los compostelanos en los comicios municipales de mayo pasado. De ellos no hay rastro en el documento firmado por la alcaldesa Goretti Sanmartín, la teniente de alcaldesa María Rozas y el secretario general de los socialistas de Santiago, Aitor Bouza, y tampoco se hizo alusión al presentar el ejecutivo local, la semana pasada, sus «obxectivos prioritarios» para el 2024.
Entre los motivos de discrepancia apartados destacan la polémica Casa da Xuventude, para la que no consta partida presupuestaria para su derribo ni para su reforma, y la operación de la finca del antiguo colegio Peleteiro, trascendental para el desarrollo del corazón del Ensanche.
Sobre la Casa da Xuventude, que colea desde hace años y que los partidos compostelanos pusieron en el centro de la última campaña electoral, están enfrentadas las posiciones de los dos socios de gobierno, CA inamovible en su opción de mantenerla y abrir una comunicación peatonal con el parque de Belvís, y el BNG a favor de demolerla para dar paso un amplio espacio público. El Bloque ha defendido esta postura incluso en contra del convenio negociado en el 2023, en la recta final del mandato municipal socialista, con el gobierno provincial formado por el PSOE y el propio partido nacionalista. Goretti Sanmartín no ha ratificado ese convenio, por el que se mantendría en pie la casa, reformada con un 1,3 millones de euros de la Diputación, a cambio de la cesión de uso de dos plantas durante 25 años para servicios provinciales.
Las posturas enfrentadas entre los grupos municipales han alargado hasta la extenuación el culebrón en torno a la gran operación inmobiliaria del Peleteiro. El gobierno de Sánchez Bugallo tenía el nuevo plan —que rebajaba la edificabilidad y daba predominio al uso residencial sobre el comercial—, a punto de acuerdo con Compostela Aberta tras una ardua negociación, pero este grupo dio marcha atrás ante las protestas de parte del vecindario y lo tumbó. Goretti Sanmartín llegó a la alcaldía propugnando una negociación con la Sareb con la pretensión de cesión del inmueble al Concello para edificar vivienda pública, y de estas gestiones nada se ha sabido, al contrario que la decisión del fondo de inversión propietario de la finca, participado por el «banco malo», de solicitar licencia para llevar a cabo el proyecto ejerciendo sus derechos urbanísticos recogidos en el plan vigente, en el que prevalece el uso terciario.
También vienen de muy atrás, ya desde el gobierno de CA con Martiño Noriega, los desencuentros en torno al servicio público del agua, cuyo contrato concesional está vencido y prorrogado desde el 2019. Compostela Aberta propugna la municipalización de la gestión, frente a los socialistas, que hasta ahora han defendido la continuidad del régimen concesional argumentando las fuertes inversiones que requiere la ampliación y modernización del servicio. El BNG no se ha pronunciado con claridad, remitiéndose a la necesidad de informes técnicos. En el pacto presupuestario solo figura la creación de una comisión que encargará un estudio.
Otros puntos de fricción entre las dos fuerzas del bipartito y el PSOE radican en la gestión en torno a las viviendas turísticas, con los socialistas pidiendo firmeza y rapidez al BNG para aprobar la ordenanza reguladora de las VUT, que va con retraso respecto al plazo previsto por la alcaldesa; y posibles reparos socialistas al fuerte incremento del gasto de personal del Concello en el plan presupuestario de este año.
Los gastos de personal suben el 13 % y las inversiones el 8,4 %
Poco ha trascendido hasta ahora del contenido del proyecto de presupuesto municipal de este año, que el gobierno local se propuso llevar a pleno a finales de este mes o principios de febrero. En el momento de la firma del acuerdo entre el BNG, Compostela Aberta y PSdeG-PSOE, el pasado 29 de diciembre, quedó establecido el horizonte aproximado de un mes para que, una vez cumplidos los trámites pendientes, el documento pudiese ser debatido y aprobado en sesión plenaria.
La evolución de las distintas partidas presupuestas está condicionada por el hecho de que en el 2023 el Concello de Santiago tuvo sus presupuestos prorrogados, por lo que la comparación es respecto al del 2022, y supone el 9,13 % más: 141.685.010 euros. En la previsión de gastos destaca el incremento de los de personal, del 12,98 %, hasta 40,71 millones, así como las transferencias corrientes, con 21 millones (15,1 % más), mientras que los de bienes corrientes y servicios pasan de 54,95 a 58,40 millones, el 6,28 % de aumento. También se incrementan las inversiones reales, de 16,83 a 18,25 millones, el 8,45 % más, pero el escueto informe no cita cuáles serán. En cuanto a los ingresos, la previsión por impuestos directos sube de 48,80 a 49,73 millones; los indirectos, de 4,59 a 5,42; y las tasas y otros ingresos, de 21,84 a 23,87 millones.
De la distribución por partidas más detalladas, solo han trascendido los datos incompletos facilitados al grupo municipal del PP tras su insistencia en conocer las cuentas, lo que motivó el reproche de su portavoz, Borja Verea, al afirmar que «hai máis información nun orzamento dunha comunidade de veciños que no que eles nos presentaron».
Según estos datos, por grandes epígrafes, la cuantía más alta, 58,98 millones (el 41,6 %), corresponde a servicios básicos, y dentro de estos la mayor tajada es para seguridad y movilidad, con 18,48 millones, de los que 9,15 son para seguridad y orden público, 4,85 para el servicio de prevención y extinción de incendios, y 4,43 para ordenación del tráfico y el estacionamiento. Asimismo, incluye el apartado de vivienda y urbanismo, con un total de 11,34 millones, de los que la conservación y pavimentación de vías públicas tiene el mayor importe. El epígrafe de bienestar comunitario, que incluye recogida, gestión y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable, limpieza viaria o alumbrado público, entre otras partidas, suma 21,53 millones (el 15,2 %), mientras que la de medio ambiente totaliza 7,62 millones, su mayor parte (6,97) para parques y jardines.
El apartado de actuaciones de protección y promoción social tiene asignados, según esta previsión presupuestaria, 15,22 millones (el 10,7 %), de los que la mayor cuantía, 12,64, están destinados a la asistencia social primaria.
En el tercer gran epígrafe, el de bienes públicos de carácter preferente, que se lleva 26,15 millones, para sanidad son 0,8 millones; educación, 7,06; cultura, 13,38; y 4,89 millones para deporte.
El apartado de actuaciones de carácter económico está dotado con 15,35 millones (10,8 %) e incluye comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas (5,1 millones) y transporte público (9,25).
En actuaciones generales (23,8 millones) el coste de los órganos de gobierno es de 3,64; los servicios de la administración municipal, 11,58; y 6,88 la administración financiera y tributaria. Finalmente, para amortizar deuda pública se reservan 2,15 millones de euros.