La demanda de vivienda protegida se dispara en la provincia de A Coruña y 5.209 personas ya están esperando por una
SANTIAGO
2.395 coruñeses se han inscrito para lograr un hogar en alquiler
22 ene 2024 . Actualizado a las 21:16 h.El precio inalcanzable y prohibitivo que ha alcanzado cualquier inmueble, sobre todo los ubicados en las grandes ciudades, sigue disparando la demanda de vivienda protegida. La relación queda demostrada echando un simple vistazo al Rexistro Único de Demandantes de Galicia, del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), que la pasada semana cifraba en 5.209, las personas que solo en la provincia de A Coruña están a la espera de conseguir un hogar a un precio asequible. De todas ellas, 2.443, prácticamente la mitad, pertenecen a la ciudad herculina; 969, a Santiago de Compostela; y 452, a Ferrol. A partir de ahí, las cifras por municipios caen ya estrepitosamente.
Basta un pequeño barrido por la maraña de datos que maneja la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para comprobar que lo que más se busca es conseguir una vivienda de protección oficial de promoción pública. Por ellas aguardan 3.757 coruñeses. Se trata de la figura más económica, destinada a las unidades familiares con la rentas más bajas. Sus ingresos deben encontrarse entre el 0,7 y el 2,5 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), y se adjudican mediante sorteo ante notario. De esas 3.757, solo 389 personas se han inscrito para comprar la vivienda, por las 2.395 que prefieren alquilarla y las 973 que anteponen el alquiler con opción a compra. El Rexistro Único también contabiliza a 253 demandantes de viviendas de promoción pública en núcleos rurales y cascos históricos.
El listado se completa con las promociones puestas en el mercado por empresas privadas, pero que siguen siendo más económicas que la vivienda libre ya que la ley pone límite a su precio de venta. En este caso hay tres opciones diferentes: las de régimen especial, para ingresos no superiores a 2,5 veces al Iprem; de precio general, que no pueden exceder 4,5 veces el Iprem; y precio concertado, con un límite de 6,5 veces del Iprem.
Para estos casos la demanda cae considerablemente. Para el régimen especial hay 243 personas anotadas; para el general, 880, de las que solo 486 quieren comprar el inmueble. En las promociones concertadas solo hay 76 anotadas, que estarían dispuestas a abonar un precio similar al del mercado. De todas ellas, casi la mitad serían personas que quieren comprar una vivienda en A Coruña.
La Xunta se comprometió a construir 737 en las siete grandes ciudades gallegas
La demanda de vivienda protegida no se solucionará pronto. Así lo afirman los promotores inmobiliarios y lo corroboran los datos del Rexistro Único de Demandantes de Galicia. En la provincia de A Coruña hay 5.209 personas esperando por un inmueble de este tipo, pero la cifra de toda Galicia se multiplica hasta alcanzar a los 18.054 demandantes, un reto difícil y, sobre todo, caro de abordar. Según anunció la Xunta a finales de 2023, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, tiene previsto la construcción de 737 viviendas en las siete ciudades, las cuales no serían suficientes ni para la demanda que existe solo en la capital gallega.
Este 2024 está previsto que se destinen 32 millones de euros, el triple que en el 2023, a la licitación de los citados 737 inmuebles. En la provincia, 5,5 millones se destinarán para 98 viviendas en A Coruña; 7,6 para 56 en Santiago; así como 600.000 euros para 27 en Ferrol. La Xunta también reservará 31,6 millones para la construcción de inmuebles cuyo fin será el alquiler social, así como para ayudar a los inquilinos a pagar sus rentas. A mayores habrá una línea de 8,2 millones para otorgar subvenciones que tiene como fin promover alojamientos temporales, tipo cohousing.
«Del 1980 al 2010 se construían unas 75.000 o 80.000 anualmente; ahora no se llega a 5.000»
Juan José Yáñez, secretario general de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco) aporta contexto a la realidad que se esconde tras el concepto vivienda protegida. «Las cifras cayeron en España y Galicia de manera estrepitosa. Los datos son demoledores. Del 1980 al 2010 se construían unas 75.000 o 80.000 anualmente, pero ahora no se llega ni a 5.000 en todo el país», apunta Yáñez. Los motivos, afirma, son varios, pero todos nacen con las crisis inmobiliaria, financiera y de deuda pública que comenzaron de manera escalonada a partir del 2008 con la quiebra de Lehman Brothers.
«En el 2010, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero deja de conceder ayudas, tanto para los promotores para construir las viviendas protegidas, como para los potenciales compradores para adquirirla. Tenían ayudas de entre 12.000 a 15.000 euros para pagar la entrada y también un subsidio para la cuota mensual. Si el inquilino pagaba 600 euros, el Gobierno aportaba 250. Mariano Rajoy y ahora Pedro Sánchez han seguido con la misma política. En el plan de vivienda 2022-2025, que es el vigente, no hay un euro para fomentar la venta ni el alquiler. En definitiva, han desaparecido las ayudas a la construcción. En alquiler sí hay dos programas pequeños, pero no tienen especial atractivo ni para nosotros ni para los inquilinos», apunta Yáñez.
Para el representante de los promotores, otro problema fue la congelación de los módulos de las viviendas protegidas: coste máximo al que se pueden vender: «En Galicia no se tocaron en 13 años, hasta el 2021. Las empresas tenían que vender las viviendas al mismo precio que en el 2008, a pesar de la inflación, de los materiales, del aumento de los salarios. Cuantas más hacías, más dinero perdías. En el 2021 la Xunta fue consciente y aumentó el módulo, y el año pasado también. Ahora encontramos un panorama en que la vivienda protegida puede empezar a ser ligeramente rentable».
A pesar de ese avance, reconoce que los datos demuestran que revertir la situación de la vivienda protegida no será sencilla y rápida: «Para compensar la demanda que hay de vivienda asequible, solo en Madrid y Barcelona sería necesario que se construyeran 800.000 en los próximos 15 años. En España, según los datos oficiales, se crean 200.000 hogares al año, pero viviendas nuevas solo se están construyendo 100.000, y este 2024 seguramente no se llegue. Hay un déficit estructural que se va acumulando». Sobre qué puede hacer la Administración, destaca que «además de facilitar y agilizar las licencias y las transformaciones del suelo, pueden reducir la carga impositiva. Del precio final de una vivienda, el 25 % son impuestos. Si le sumas cotizaciones a la Seguridad Social, IVA, IBI...».
Confirma que sigue habiendo zonas interesantes para construir, sobre todo las grandes ciudades y la costa: «La demanda existe, pero nos gustaría ofertar al mercado viviendas más baratas. Los fabricantes lo que queremos es venderlas y que no sean inasequibles al gran público, pero nadie puede vender a menos precio que el coste».
La reserva de vivienda protegida en las promociones libres es otro problema: «Muchas veces el efecto es pernicioso. Lo que ocurre es que las parcelas donde los porcentajes de VPO son elevados no se desarrollan porque tendrían que vender la vivienda libre a precios estratosféricos y nadie la compra. Eso está pasando en Santiago, donde hay terrenos paralizados».