El Ayuntamiento ha de tramitar la petición, aunque denuncia trabas de procedimiento
29 ene 2024 . Actualizado a las 22:02 h.La corporación municipal decidió ayer instar a la Xunta a declarar Santiago zona residencial de vivienda tensionada, aunque ha de ser el gobierno local el que dé el paso para solicitarla. Y así lo hará. Ya lo había anunciado en varias ocasiones y lo ratificó ayer, con su respaldo a la iniciativa que presentó el PSOE en ese sentido y que centró el debate del primer pleno del año. BNG, CA y PSOE tienen claro que el mercado de Compostela está tensionado por la subida de precios del alquiler en los últimos años y abogan por esa declaración para regularlos.
El acuerdo corporativo se tomó, sin embargo, con el voto en contra del PP, que entiende que la solución al problema de la vivienda no está en topar los alquileres, sino en motivar y dar seguridad a los propietarios para que la saquen al mercado. La ciudad tiene más de 6.000 viviendas vacías, recordó el popular Borja Verea, aunque el dato sirvió también al PSOE y al gobierno para cuestionar la política de vivienda de la Xunta, al limitar la posibilidad de los municipios de intervenir en ese caso por no definir normativamente lo que es una vivienda vacía.
Y va con un retraso de diez años sobre otras comunidades, expuso la socialista Mercedes Rosón, quien abrió el debate, aunque las críticas a la Xunta por «desleixo» de sus competencias en materia de vivienda y por «entorpecer» la iniciativa de los municipios para solicitar la declaración de zona tensionada fueron compartidas desde las bancadas del gobierno.
Según el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, la ley de vivienda aprobada en el 2023 dice que debe ser la Administración competente la que asuma la tramitación de esas declaraciones, pero la Xunta requiere a los municipios exigencias «que non recolle a lei», como la constitución de mesas sectoriales que analicen las propuestas municipales de declaración de zona tensionada y la elaboración de la documentación justificativa, «cando é ela quen ten os datos para facer a diagnose e os recursos para elaborar a documentación». Y no solo intenta entorpecer la iniciativa de los ayuntamientos, refirió, sino que evidencia «pouco interese» por ejercer su competencia en materia de vivienda, «ou polo menos por utilizala para mellorar as condicións» de acceso a ella. Y el funcionamiento del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) es «boa mostra diso», denunció.
Borja Verea relacionó el alto nivel de viviendas desocupadas en la ciudad que no se abren al mercado del alquiler con el miedo de los propietarios «a que non lles paguen ou lles destrocen a propiedade», y ahora «lles din que o goberno do BNG vai decidir ademais o prezo co que teñen que colocar os seus pisos no mercado». Verea expuso que «hoxe estanse vendo dúas maneiras de entender a sociedade» y advirtió que si siguen con esa idea «vai xerar o contrario» de lo que pretenden. «Co control de prezos desaparece a oferta» y habrá «menos pisos nas zonas tensionadas e prezos máis altos onde non se limiten».
El popular concluyó refiriendo que sus políticas irían por «outra liña: defensa do propietario, garantir a renda dos titulares, protocolos exprés contra okupas, un bono vivenda para facilitar o alugueiro aos cidadáns que o necesitan e poñer en marcha todas as competencias municipais para ter un auténtico parque de vivenda pública de alugueiro».
Rosón, la defensora de la propuesta socialista, le replicó que «medo é o que ten un mozo ou moza que non pode chegar a final de mes porque ten que gastar 600 euros para ter un teito».
Toda la ciudad reúne las condiciones para la declaración
Para Mercedes Rosón, los datos evidencian una situación preocupante. Según la socialista, que echó mano de un estudio de la evolución de precios, en el último lustro el alquiler subió un 76 % en el casco histórico, un 62 % en O Castiñeiriño, un 61 % en Santa Marta y un 39 % en el Ensanche. «Faise imprescindible tomar a iniciativa para corrixir esta deriva ante o desleixo do PP desde a Xunta», dijo. Sin entrar en tanto detalle, Iago Lestegás (BNG) echó manos de los datos del Observatorio de Vivenda para apuntar que ya no es solo que el municipio «no seu conxunto cumpra os requisitos» para esa declaración —que más del 30 % de los ingresos se destinen a vivienda y según la evolución de precios—, sino que todos los distritos postales, salvo uno, «os cumpren».