Justo un año después del inicio del mandato, la cosa pública municipal alcanza un punto álgido de interés. Más aún. Es una olla a presión, y las consecuencias son imprevisibles. Pero vayamos por partes. Cinco días de esta semana dieron para mucho, y la que entra promete tanto o más. Todo empezó por la convocatoria del bipartito para hacer balance de su primer año de gobierno, mensaje que él mismo dinamitó al lanzar el bombazo de la moratoria ¿de un año? para toda actividad de negocio turístico en el ámbito del Plan Especial da Cidade Histórica.
Primera parada. ¿De qué estamos hablando? ¿De frenar la acelerada despoblación del casco monumental y llevar vecinos a esa parte de la ciudad? ¿De dar otro paso de gigante para poner límites al turismo? Aunque ambos caminos al final confluyen, sus itinerarios y sus tiempos son diferentes, y solo poniendo barreras al turismo no se va a llenar de vida la zona histórica, sino que el resultado puede ser aún peor. Todo compostelano al que se le pregunte, seguramente consideraría un privilegio tener su residencia en el casco monumental, preferentemente en la «almendra». ¿Y entonces, por qué no vive ahí? ¿Cree usted, paciente lector, que responderá como primera, ni siquiera como segunda causa, el turismo agobiante y devorador? Seguramente, no. Morar en la zona monumental es prohibitivo por precio y por incomodidad. Y por ahí se tiene que empezar. De hecho, debía haberse empezado hace más de tres décadas, cuando arrancó el tratamiento de choque contra la ruina de los edificios de viviendas de la zona histórica con la inyección de enormes cantidades de dinero público para subvencionar la rehabilitación del patrimonio privado. Es verdad que el fenómeno VUT no se preveía entonces, pero sí se podía intuir que muchas de esas viviendas rehabilitadas, en vez de contribuir a fijar población, servirían para alimentar la especulación vía alquiler o venta a precios prohibitivos. Resultado: residir en el casco histórico es un lujo fomentado con dinero público. ¿Por qué no condicionar las subvenciones al régimen de tenencia de los inmuebles y/o poniendo topes a los precios, y aplicando un control efectivo? Nunca es tarde. El Consorcio, en una labor técnica y un esfuerzo económico encomiables dados sus escasos recursos, extiende subvenciones del 50 % en su programa Terémanter, aunque ya no sea lo mismo que en el pasado, porque la necesidad de intervención no es tanta como en la década de los 90. Y, además, ¿en qué quedaron las voluntades de revisión para la puesta al día del Plan Especial y sus superadas condiciones, nada flexibles, de rehabilitación de las viviendas y locales comerciales?. Obligar a los compostelanos del siglo XXI a vivir como los del XIX es una aberración que solo contribuye a que se marche todo el que puede. En la última década solo ha habido en el casco histórico políticas del no, de la prohibición. ¿Ha llevado población la prohibición de nuevos hoteles? No, solo ha contribuido al deterioro de edificios de difícil salida con otros usos. Véase el caso de la rúa do Preguntoiro y la emblemática sede que fue del que fue un periódico local. Y ha contribuido a que se disparase el fenómeno VUT. Ahora, antes de lanzarse a por la tasa turística y la ordenación de flujos de visitantes, que son otras normas del no, Raxoi va a por las VUT, que es obvio que hay que regular, ordenar, controlar y limitar, pero ¿acabaremos como el gobierno de Barcelona, que quiere que a partir del 2029 no haya ni una sola vivienda turística en su ciudad? En estos años, en Santiago solo ha destacado un hecho en positivo: la dotación de infraestructura para que vecinos, comerciantes y hosteleros puedan tener una conexión más o menos decente a internet. Con esto queda dicho todo. ¿Va a ganar establecimientos no turísticos el casco histórico solo porque lo diga una norma municipal? Claro que no. Para abrir comercio tradicional primero tiene que haber clientela que compre en él. Es lo lógico.
Segunda parada. Otra lógica incumplida: el PSOE de Santiago, su dirección local y su grupo municipal, deberían remar en la misma dirección, ya sea a favor o en contra de la ordenanza de las VUT (o absteniéndose, cuyo resultado sería el mismo que votar no). Desde la ejecutiva local, Aitor Bouza y Marta Álvarez-Santullano le marcaron el viernes la línea al grupo municipal. Es más una cuestión de formas que de fondo, un mensaje a la alcaldesa de que, si quiere apoyar su mandato en los socialistas, tiene que negociar: orden de abstención (o sea, veto a la iniciativa de BNG-CA) frente a la previsible intención de «su» grupo municipal de apoyarla con condiciones, pues en la línea de la regulación ha trabajado desde que era gobierno. Como llueve sobre mojado —ahí está la foto del no concejal Bouza firmando en el Pazo de Raxoi el pacto presupuestario con Goretti y Rozas, y pasando por encima de los ediles socialistas— la casa hoy nada común del PSOE compostelano está que arde. El pleno de mañana puede marcar un punto de inflexión después de tantas tensiones e incluso guerra soterrada para conseguir renuncias de ediles a sus actas para colocar a los afines. Atentos a lo que pueda suceder.