El interventor municipal pide al Concello de Santiago que mejore la gestión de pagos y revierta la morosidad

La tramitación del pago de facturas por el procedimiento de reconocimiento extrajudicial de crédito se ha convertido en una práctica habitual en Santiago, cuando debe ser una fórmula extraordinario de gestión. Y esa es una de las causas por las que el Concello «incumpre de forma sistemática e con carácter estrutural a normativa de morosidade». Así lo apunta el interventor municipal en uno de los informes que emitió para el pleno de ayer, donde se aprobaron tres expedientes de ese tipo para hacer frente al pago de 2,17 millones de euros en facturas atrasadas.

El interventor observa, según el extracto al que dio lectura el PP, una «tendencia crecente nos últimos dous anos de incumprimento permanente e crónico da normativa reguladora da morosidade» y advierte de que son necesarias medidas de «tipo procedemental, organizativo e de medios» para revertirla. Porque el retraso en el pago de facturas no es un problema de liquidez. «O pago da débeda comercial en prazo e forma constitúe unha obriga legal, e o seu incumprimento de forma sistemática e con carácter estrutural nesta Administración deriva dunha ineficiente xestión, sen que en ningún caso veña determinada por problemas de índole financeira», dice. Y recomienda que se proceda, «entre outras medidas, a erradicar esta cultura administrativa na xestión e execución do gasto público».

El edil de Facenda, Manuel César, reconoció en el debate sobre tales expedientes que esta es una «eiva que se vén repetindo dende hai anos» y que están trabajando para «reducila tentando mellorar a tramitación do gasto». Sin embargo, la socialista Marta Abal vio «moi parado» al gobierno este año en cuanto a la mejora de la gestión y la modernización de la Administración y lo animó a continuar con el trabajo iniciado «no mandato pasado». Abal cuestionó la aprobación tardía de la liquidación presupuestaria. Eso no ayuda a adelantar los pagos, dijo.

«Non é de estrañar que lideremos o ránking de municipios con máis débedas se tardamos tanto nos pagos», dijo Rosario Ferreiro (PP), quien cifró en unas 400 las facturas que venían con esos expedientes y en las que el interventor identificó, dijo, hasta ocho «irregularidades das que adolecen». Siguen, expuso la edila, las deficiencias del año anterior, aunque ahora achacables en exclusiva al bipartito. César asumió la preocupación que esta situación genera en el gobierno y afirmó que se están implantando medidas, como la creación de más unidades de gestión para «mellorar a xestión de pagos e licitación de contratos», y adujo que todos los grupos llevaron expedientes de ese tipo al pleno cuando gobernaron.

Entre los asuntos económicos, se aprobó además un crédito de 40.000 euros para dotar, junto con la Xunta y la Diputación, de dos vehículos a Protección Civil.

El Concello aplaza la solicitud de zona tensionada hasta que Madrid complete la regulación de precios

 

 

El Ayuntamiento no solicitará la declaración de zona tensionada en materia de vivienda hasta que Madrid corrija la «eiva» que las organizaciones de inquilinos observan en la Ley por el Derecho a la Vivienda en cuanto a la regulación de precios para los arrendamientos de temporada, para lo que han promovido una iniciativa legislativa junto con varias formaciones entre las que está el BNG. Así lo apuntó el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás (BNG), en la interpelación formulada por el PSOE para saber qué pasos ha dado el bipartito para solicitar esa declaración.

«Consideramos razoable e conveniente» esperar a que se «peche esa fenda», dijo Lestegás, quien indicó que el Concello convocará la mesa sectorial que exige la Xunta para solicitar la declaración de zona tensionada cuando se regule esa cuestión en la ley estatal, que no se debatirá hasta el otoño. Mientras, observó, el Concello va dando pasos y ya está en marcha el estudio sobre el mercado residencial encargado al Grupo de Estudos Territoriais de la Universidade da Coruña. Ese estudio abordará las cuestiones que demanda la Xunta, pero también otros que Raxoi considera para desarrollar políticas municipales de vivienda.

El alquiler, lo que más tensiona

Los resultados preliminares y provisionales de ese estudio evidencian que lo que más tensiona el mercado residencial en Santiago es el alquiler, dijo Lestegás, y muestran los datos más «alarmantes» en la «variación acumulada do prezo do alugueiro entre 2018 e 2023», aunque el edil no aportó el dato de ese período. Informes previos hablan de subidas del 26 % entre los años 2017 y 2022.

La oficina de información de Urbanismo sumará un técnico para agilizar trámites

 

 

La oficina de información de Urbanismo incorporará un técnico con el objeto de informar sobre el procedimiento y la documentación exacta que deben aportar los solicitantes de licencia. El concejal del área, Iago Lestegás, entiende que de esa forma se reducirán las subsanaciones en la fase de tramitación, una cuestión que ralentiza los procedimientos. La medida no será para ahora, porque todavía habrá que ver cómo se encaja la creación de esa plaza en la reorganización de personal. Pero la asunción de esa necesidad fue su respuesta a la proposición del PP para reordenar dicha oficina y ampliar sus prestaciones, aunque «boa parte» de las que demandó José Antonio Constenla «xa se prestan», según Lestegás.

La propuesta popular fue una de las que salió adelante por unanimidad, como la iniciativa del PSOE para instar al gobierno local a estudiar la posibilidad de introducir límites, requisitos o características adicionales a la apertura de establecimientos de juego en la ciudad, a raíz de la reciente autorización de la Xunta de un casino en la avenida de Vilagarcía, sobre el que Sindo Guinarte mostró la preocupación de su grupo por su proximidad al instituto Eduardo Pondal.

También salió adelante con el respaldo de todos los grupos (BNG, CA, PP y PSOE) la prórroga por cuatro años, hasta septiembre del 2028, del convenio con el Ayuntamiento de Teo para prestar el servicio municipal de transporte también en Os Tilos, debate que el socialista Gonzalo Muíños aprovechó para reclamar a la Xunta que «empece a estudar moi seriamente» la creación de un consorcio para el transporte en el área metropolitana. También logró el respaldo unánime Borja Verea con su iniciativa para crear una estrategia para un Santiago amigable con las personas mayores.

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